Por: Arturo Charria

Perú y Colombia, las consecuencias del negacionismo

El indulto al expresidente Fujimori el pasado 24 de diciembre le permite a Colombia mirarse en un espejo. Esta comparación puede pensarse en tres niveles: la forma de nombrar la violencia política, las disputas por la memoria y la polarización de la sociedad.

Al igual que Colombia, con la implementación de la política de la Seguridad Democrática (2002-2010), en el Perú de Fujimori (1990-2000) también se negó la existencia de un conflicto armado interno, por considerar que el uso de esta categoría implicaba reconocer la beligerancia y “justificaba” la existencia de las guerrillas en ambos países. Tanto en Colombia como en Perú se nombró la violencia como un fenómeno terrorista. Esta situación negaba la existencia de un conflicto con profundas raíces históricas y estructurales, al tiempo que eliminaba la responsabilidad en relación con los crímenes de Estado, ya que la única violencia que se reconocía era la “terrorista”.

En el caso de Perú, esta estrategia fue parte de una política de Estado asumida por el expresidente Fujimori cuando llegó por primera vez a la presidencia en 1990, el entonces presidente ordenó la elaboración de un manual para frenar la ofensiva de Sendero Luminoso (principal guerrilla de Perú). La orden fue cumplida bajo el nombre de “Esquema estratégico táctico para enfrentar al Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso en los aspectos político, ideológico y militar”.

Esta negación del conflicto armado interno ha sido uno de los elementos que más ha marcado la disputa por la memoria en ambos países. Así, por ejemplo, sectores afines al expresidente Fujimori cuestionaron el uso del concepto “conflicto armado interno” por parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación como categoría rectora del informe final producido por dicha Comisión. La teoría que han querido imponer es la de unos cuantos grupos de soldados que, en “arrebatos” de locura y de “fanatismo”, cometieron crímenes de lesa humanidad, pero estos no fueron sistemáticos y mucho menos una política de Estado.

En Colombia esta disputa por la memoria se ha intensificado en tiempos recientes por la creación de la Comisión para la Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Sin importar la trayectoria y los perfiles de los comisionados, la mayoría de congresistas del Centro Democrático ha afirmado que la Comisión es una entidad creada para tergiversar la historia de la guerra en Colombia: señalando a inocentes y justificando a los culpables.

Estas tensiones y disputas en ambos países han producido una polarización que agranda cada vez más la zanja que impide la reconciliación. En Perú esta semana se han presentado importantes movilizaciones contra lo que consideran un canje de impunidades entre el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski y el expresidente Fujimori. En Colombia esta situación reavivó el debate por la “impunidad” que produjo el acuerdo de paz, así como la relación entre memoria y justicia. Varios sectores defensores de derechos humanos cuestionaron el indulto a Fujimori, mientras que desde la otra orilla cuestionaban que no dijeran lo mismo por el “indulto” concedido a las Farc.

Adicionalmente, resulta lamentable leer titulares en distintos medios refiriéndose al “perdón” del expresidente Fujimori, pues esta acción resulta ligera y descontextualizada. La frase completa fue: “Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”. Esta frase no solo es una extensión del negacionismo, sino que revictimiza a las víctimas y a los familiares de estas, porque no reconoce los crímenes por los cuales fue enjuiciado y condenado a 25 años de cárcel.

No se trata de pedir perdón por “errores” o por “defraudar” a un país, sino de poner la cara y asumir la responsabilidad para que el negacionismo y las disputas por la memoria no sigan polarizando a la sociedad. El reconocimiento real y el esclarecimiento de los hechos en el marco del conflicto armado interno en Perú y en Colombia es el punto de partida para hablar de justicia. Sin embargo, el caso peruano dimensiona el largo y difícil camino que nos espera como país.

@arturocharria

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Arturo Charria

Robo ilustrado

25 años de “La estrategia del caracol”

La vida privada del poder

Los cómplices pasivos

No matarás