EN NUMEROSAS OCASIONES HE EScrito sobre el tema de los jóvenes menores de edad y hoy quiero retomar el tema ante las medidas tomadas por el Alcalde mediante el Decreto 013 de 2009 que faculta a las alcaldías locales para prohibir la circulación de menores entre las 11:00 p.m. y las 5 a.m.
El objeto de la medida, que se inició en la localidad de Suba y que tuvo resultados sorprendentemente buenos, busca reducir los niveles de delincuencia y violencia ligados al consumo de licor y darles una mayor protección a los menores.
En una sociedad como la nuestra la educación de los hijos es principalmente responsabilidad de los padres, y los educadores y el Gobierno deben apoyarlos en la tarea de velar por el bienestar de los menores, pues la sociedad debe proteger a los jóvenes. La medida tomada es buena porque no sólo implica al joven, sino a sus padres en la manera en que cuando un joven es sorprendido violando la norma se pondrá bajo la protección de personal de la Secretaria de Gobierno, la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia; deberá proceder a firmar un acta de compromiso y comprometerse a tomar un curso para que entienda la importancia de no andar a altas horas de la noche en la calle y se le explicarán las sanciones en el evento de reincidir; ya en ese caso, los padres de los menores que sean retenidos por la Policía serán sancionados con comparendos pedagógicos o trabajo social.
La intención de la medida es sin duda buena y constituye un avance en el sentido de que por fin el Estado ha tomado cartas en el asunto; sin embargo, presenta algunos inconvenientes que deberían justificar algunos correctivos; tal es el caso de que al no ser una medida general para la ciudad, sino que cubre algunas zonas, la tendencia es a que el problema se desplace.
La excepción a este toque de queda por zonas se presenta cuando el menor se encuentra en compañía de sus padres o de un familiar, lo que genera igualmente problemas en cuanto a la prueba del parentesco, pues supondría tener que cargar permanentemente un registro civil. Y aunque es claro que la medida contribuye a que muchos padres conozcan dónde están sus hijos, lo cierto es que el peso de la ley termina cayendo sobre los menores en vez de recaer sobre los establecimientos de comercio que expenden alcohol; lo que está prohibido es en realidad el consumo de licor por parte de los menores, mas no el derecho a divertirse sanamente. Con esta medida entonces se envía un mensaje equívoco, pues de cierta forma implica que no puede haber diversión sana sin consumo de sustancias alcohólicas.
Así las cosas, aunque celebro la intención y entiendo que ha habido resultados positivos en la reducción de la violencia y la criminalidad, creo que el tema amerita una mayor reflexión que permita a largo plazo determinar qué clase de sociedad queremos y cuáles son los valores a inculcar; pero también qué clase de Estado queremos, qué papel debe desempeñar y sobre quiénes debe actuar la ley para lograr proteger a sectores sociales diversos.
