Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Plan sin ambiente ni sostenibilidad

La versión del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND), presentado como proyecto de ley al Congreso, propone que al “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo” solo se le asigne el 1,2 % del presupuesto total del PND.

En estos tiempos en los cuales se hace evidente que el país necesita una institucionalidad ambiental fuerte, capaz de orientarlo en el camino de la sostenibilidad, este 1,2 % nos hace pensar que la sostenibilidad no es una prioridad en el PND. Para quienes pensamos que la calidad de vida y el bienestar humano dependen fundamentalmente de una sana relación con el medio natural y que el derecho a vivir en un ambiente sano es un principio fundamental que debemos hacer efectivo según la Constitución, lo asignado al “Pacto por la sostenibilidad” no parece cumplir con los principios de la carta magna. A la institucionalidad ambiental solo se le asigna el 0,5 % del presupuesto del PND, mientras que en los países de la OCDE con menor deterioro y riesgo ambiental, en promedio, se asigna el 1,5 % del presupuesto.

Lo asignado se contradice con el texto del artículo 1 del mismo PND que, al presentar su objetivo, dice: “Tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”.

En este propósito, el PND dice que el tema ambiental es transversal. Esto exige que también la gestión sea transversal. Aplicar este principio exige definir y precisar metas de sostenibilidad ambiental y asignar presupuesto para cada sector productivo; de lo contrario, el discurso se queda en un saludo a la bandera.

Veamos dos ejemplos para hacer de lo ambiental algo transversal en el sector agropecuario. Cuando se habla de apoyo al desarrollo rural mediante la implementación de sistemas silvopastoriles, es necesario definir la meta en hectáreas y el presupuesto asignado para este propósito. En el caso de la agroindustria, es necesario hacer explícito cómo se pretende un desarrollo agroindustrial relacionado con la sostenibilidad. Hasta la fecha podemos decir que cultivos agroindustriales como caña de azúcar, palma africana, arroz y café a plena exposición son sistemas que no han contribuido a la sostenibilidad; por el contrario, han arrasado con la biodiversidad y destruido importantes servicios ecosistémicos asociados. Si queremos hacer reconversión productiva con propósitos de sostenibilidad en café con sombra, caña orgánica, arroz secano orgánico y palma amigable con la biodiversidad, debemos definir metas en hectáreas y asignar presupuesto.

Respecto a titulación de tierras: debe asignarse un presupuesto para asegurar que los títulos incluyan condicionantes ambientales para que la propiedad privada cumpla su función ecológica, asignada en la Constitución. Estos recursos sumarían a lo asignado en el propósito de hacer transversal lo ambiental, pero el tema ni se menciona.

Para adelantar un pacto nacional que gestione la disminución del área anualmente deforestada no solo hay que corregir la meta (deforestación y Plan Nacional de Subdesarrollo), sino asignar presupuesto adecuado.

Sin entrar a mencionar otras carencias en temas como educación y minería, podemos concluir que si este PND pretende que el país se aproxime a los ODS, debe corregir propuestas y asignación presupuestal. Esta última refleja las prioridades de gestión.

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2019-03-06T00:00:51-05:00

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