Política y Fuerza Pública

Este Gobierno y sus antecesores han provocado deterioros en la Fuerza Pública (FP), en un país con un Estado políticamente débil: sin presencia en gran parte de su territorio, donde impera la delincuencia. Las instituciones armadas han sufrido cambios al vaivén de diversas violencias. La incapacidad política gubernamental indujo a la FP a ser autónoma en el manejo del orden público. La modernización del Estado en la segunda mitad del siglo pasado fue acompañada del crecimiento presupuestal, lo que atrajo a clientelistas y corruptos. La política se convirtió así en fuente de enriquecimiento de políticos y clanes familiares, además de deteriorar el sistema de partidos y al Estado. La mayoría de ministros de Defensa no conocen la FP, lo que facilita que pasen por alto corruptelas y ejecuciones extrajudiciales. Además, no ha sido posible aprobar una ley de seguridad y defensa estable, por lo cual las improvisaciones en el manejo político de la FP han sido la constante.

Al inicio del primer gobierno del neocaudillo Álvaro Uribe (2002), el presupuesto de la FP era de $986 millones y sus efectivos de algo más de 313.000. Al culminar su segundo gobierno (2010), el total del presupuesto del Ministerio de Defensa se acercaba a los $20.000 millones y sus efectivos sobrepasaban los 438.000 (276.000 militares y 162.000 policías). El estímulo de este crecimiento fue el ansia de exterminar a las Farc. De ahí en adelante se frenó el crecimiento.

El gobierno pasado tuvo el acierto de insistir en un proceso de paz con las Farc, pese a las dificultades, en especial la férrea oposición del expresidente Uribe y su combo, al considerar “traidor” al presidente Juan Manuel Santos. Tras el inesperado y apretado triunfo del No en el plebiscito de 2016, arreció la oposición. Ahora, errores políticos, tanto del Eln como del actual Gobierno, han impedido continuar negociaciones para la desmovilización de esta guerrilla.

Desde el gobierno pasado, además de seguir ausente el Estado en gran parte del territorio y ocupar su lugar los grupos delincuenciales, el asesinato de excombatientes de las Farc (180 desde la firma del Acuerdo de Paz) y líderes sociales (23 solo en este año), antes que disminuir, se ha incrementado.

No se justifica mantener el tamaño de la FP (segundo en la región, después de Brasil) en las actuales circunstancias de orden público. El actual tamaño del Ejército es innecesario, pero se requiere aumentar el de la Policía Nacional y cambiar su estructura. Conviene que no dependa del ministro de Defensa, como una “rueda suelta”, pues casi todos los ministros son ignorantes de la FP (ej. Guillermo Botero). Debería ubicarse en el Ministerio del Interior (viceministerio), desmilitarizándola. Pese a ser una fuerza civil armada (Constitución Nacional), continúa con una estructura militar vertical que dificulta cumplir con sus funciones: preventiva y de seguridad ciudadana. Por su parte, el Ejército (mermado) y/o la Infantería de Marina deberían apoyar transitoriamente a los Carabineros de la Policía en zonas rurales y regiones abandonadas por el Estado (Cauca, Chocó, Catatumbo, Arauca y otras), en concordancia con la presencia legítima de instituciones estatales.

El manejo –directo e indirecto– de la FP y el orden público por parte de este Gobierno ha sido quizá el más deficiente desde mediados del siglo pasado: pretendió acabar con la JEP, ha obstruido el cumplimiento de los acuerdos con las Farc, alcahuetea faltas graves de los altos mandos, nombra a ignorantes en cargos de responsabilidad política para manejo del orden público y, sobre todo, hay una verborrea presidencial que afirma una cosa para luego ignorarla o promover otra distinta.