Por: Gustavo Gallón

Porfiada perfidia

Preocupante la insistencia del Gobierno en pedirle a Cuba la entrega de los negociadores del Eln. El presidente Duque no midió sus palabras en Miami cuando dijo que “Cuba tiene que preguntarse si prefiere la relación con Colombia o con los criminales”. Y el 10 de septiembre la Cancillería emitió un comunicado anunciando su disposición a denunciar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la supuesta violación de la Resolución 1373 de 2001 por Estados “que alojen, protejan, financien o permitan la circulación en su territorio de miembros de grupos que hayan cometido, cometan o planeen cometer actos terroristas en Colombia”. Por fortuna, un grupo de 64 personalidades, encabezadas por el excanciller Rodrigo Pardo, ha pedido al Gobierno “serenidad y dejar abiertas las puertas de la acción diplomática que ha constituido uno de los ejes más sólidos de la tradición de nuestra política exterior”.

La exigencia del Gobierno no tiene fundamento jurídico porque los negociadores del Eln están en Cuba en virtud de la solicitud que el Gobierno colombiano le hizo al cubano para actuar como garante en las conversaciones con ese grupo guerrillero. Que dicha solicitud la hubiera hecho el Gobierno anterior y no el actual no es un argumento válido para permitirle al Estado colombiano desconocer el derecho humanitario y exigirle al Estado cubano que prive de la libertad y extradite a quienes fueron recibidos bajo su protección. Sería claramente una conducta de perfidia, proscrita por el derecho consuetudinario internacional.

El Gobierno aduce que cuenta a su favor con una circular roja de Interpol por este asunto. Sin embargo, como bien lo recuerda un estudio de la Fundación Cultura de Paz, remitido al Gobierno colombiano el pasado 5 de julio por su presidente y exdirector de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, el Estatuto de Interpol circunscribe su actividad a “la represión de las infracciones de derecho común” y prohíbe cualquier intervención motivada por razones políticas o relacionada con “actos cometidos en un conflicto armado”.

Pero además sería una equivocación política monumental, porque se alterarían considerablemente las relaciones internacionales de Colombia. Muchos Estados no apoyarían la posición colombiana, por sus lealtades políticas, así como por la fragilidad jurídica de la argumentación. La confrontación no sería solamente contra Cuba, sino también contra Noruega, que ha sido igualmente país garante en este asunto. Ninguna otra nación estaría dispuesta en el futuro a servir de garante en relación con temas de nuestro país, ante tal falta de responsabilidad y de respeto por el derecho humanitario y las costumbres diplomáticas.

Lamentablemente, en el plano institucional la población colombiana se encuentra expuesta al peligro de que el Gobierno actual continúe actuando irresponsablemente en esta materia. La Constitución prevé una Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (art. 225) integrada por seis senadores, seis representantes, dos miembros nombrados por el presidente de la República y los expresidentes. ¿Cree usted posible un acuerdo entre Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos sobre este asunto? Hay que apoyar masivamente la carta de las 64 personalidades.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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