Pos-COVID-19: ¿agrandar el Estado o fortalecer la sociedad civil?

Adoptar el enfoque de política pública de “pago por éxito” para involucrar más a las organizaciones sin fines de lucro, en vez de incrementar la burocracia estatal.

La pandemia está mostrando que los niveles de vulnerabilidad de una gran parte de la población colombiana son moralmente inaceptables. También, que esa vulnerabilidad de muchos podría diezmarnos a todos como sociedad si el contagio se desbordara por incapacidad de control.

No conocíamos esta forma de riesgo mortal compartido y nos está haciendo reflexionar, como quien se salva de la muerte y tiene una segunda oportunidad en la vida. Se embarga de determinación de cambio.

Salimos de esta situación y no debemos seguir al ritmo que vamos con la reducción de la pobreza, la informalidad y la desprotección de aseguramiento. Por si no nos basta la conciencia ética y social, podemos simplemente imaginarnos que nos coge otra pandemia, igual o peor, en cualquier momento.

De modo que la pregunta es cómo vamos a alcanzar una protección social básica para los colombianos en un horizonte razonable, partiendo de la crisis fiscal y la recesión económica que tendremos. La primera tentación será proponer que a través del sector público, con más deuda o emisión del Banrepública.

La discusión no será fácil. Las instituciones del Estado actuales requieren una evaluación y una reforma antes de meterles más plata, nómina y responsabilidades. La reforma gerencial y administrativa del Estado colombiano es una necesidad de la que pocos hablan, y en voz baja, porque no tenemos la economía política para acometerla.

De hecho, no se puede hacer durante vacas flacas porque cuesta, pero de ahí a creer que confiándole toda la misión pos-COVID-19 al Estado actual vamos a lograrlo, hay un gran trecho que vale la pena debatir.

Tampoco se puede pretender que el sector privado asuma funciones públicas con nulo margen de rentabilidad. Ni la opinión pública está en disposición de comprender el ánimo de lucro en servicios sociales. Más bien será un logro que no prospere la idea de estatizar la salud.

En cambio, lo que sí parece viable es rediseñar y profundizar la ejecución de gasto público a través de organizaciones sin fines de lucro. La energía, la solidaridad, la corresponsabilidad y el emprendimiento social en la sociedad tendrían una mejor salida en pos-COVID-19 con una apuesta grande por la sociedad civil, sus comunidades y sus organizaciones.

Seguir en lo que venimos no tiene sentido. Una apuesta grande por la sociedad civil quiere decir, en primer lugar, que la clase política deja de subordinar e instrumentalizar a las organizaciones sin fines de lucro mediante la injerencia en la contratación y los pagos. Y como no se puede confiar en la clase política, le tocaría al Gobierno liderar el rediseño para asegurarse de lo que es necesario (libre competencia e independencia, primero).

Segundo, que sacamos lecciones de las mayores experiencias en esta materia, las del Icbf y la educación contratada: contratar por dos años, no por uno; economías de escala para preservar calidad; eliminar incentivos perversos como no remunerar la administración; pagar a tiempo y más.

Tercero, que somos capaces de introducir la innovación (lleva una década en varios países) de pagar (más) por resultados de un servicio social, definido el éxito como el mejoramiento de la vida de las personas.

El “pago por éxito” ha permitido irrigar recursos públicos (y privados) en las comunidades para que sus organizaciones consigan metas de bienestar y aseguramiento básico de los más vulnerables en su entorno.

Quiera Dios que el COVID-19 nos impulse a cambiar el chip en vez de entramparnos en lo que conocemos.

@DanielMeraV