Por: Eduardo Sarmiento

Presupuesto desfinanciado

En la última semana se abrió el debate sobre el presupuesto de $271 billones para el 2020. El Banco de la República plantea dudas de que pueda ser financiado. Se trata de un presupuesto desbalanceado en más de $10 billones para alcanzar una tasa de crecimiento de 4 %. Sin embargo, no hay ninguna razón para que esto ocurra. El faltante presupuestal genera una contracción que reduce la inversión privada, ya sea a través de mayores impuestos o de la privatización de las empresas públicas. No hay ninguna expansión de demanda que eleve el crecimiento.

Lo lamentable es que la propuesta al Congreso es la misma de la Ley de Financiamiento. Entonces, el Gobierno configuró un faltante presupuestal para conseguir un crecimiento de 3,6 % este año. El faltante obligó al Congreso a realizar una reforma tributaria que tuvo el efecto contrario. El aumento del gasto proveniente de la baja de los impuestos a las empresas y al aumento del gasto se compensó con la elevación de la carga tributaria a la clase media. No hubo reactivación sino contracción.

No sobra señalar que Carrasquilla está replicando lo que hicieron Cárdenas y otros gobiernos durante varios años. Las reformas tributarias cada vez más frecuentes, que se adoptan para corregir los errores de las anteriores, incluso realizadas por los mismos funcionarios.

En el desespero se pretende corregir un monumental desorden ocasionado por los desaciertos cambiarios, comerciales y sectoriales de varias décadas con la política fiscal, y más con el aumento del gasto público basado en presupuestos desfinanciados. La realidad es al revés. El cuantioso déficit en cuenta corriente torna ineficaz la política fiscal convencional. El aumento del gasto público es compensado por la contracción en otras áreas.

La operación carece de transparencia. En la reforma constitucional de 1991 se adoptó el sistema de presupuesto desfinanciado para darles una mayor flexibilidad a los gobiernos en la obtención de financiaciones inciertas. En la práctica se trataba de una excepción contable de menor orden. Ahora el mecanismo se ha deformado totalmente. El faltante financiero obliga al Congreso a adoptar leyes u otros procedimientos para cumplir el proyecto presupuestal.

El procedimiento no ha sido estudiado por la Corte Constitucional. El Gobierno está en capacidad de elaborar presupuestos desbalanceados que obligan al Congreso a subsanarlo con la creación de nuevas leyes que no serían aprobadas en condiciones regulares. Por este camino se aspira a una nueva reforma tributaria o a privatizar sin conocimiento de causa los activos oficiales. Los funcionarios adquieren facultades para crear tributos y enajenar el patrimonio nacional.

Se configura un mundo de Disneylandia. Las proyecciones se inflan para justificar diagnósticos y decisiones que no corresponden a la realidad. Las administraciones públicas encuentran el camino despejado para ampliar el gasto innecesario.

La información más reciente revela el desplome del empleo, el disparo del tipo de cambio, el lento crecimiento de los sectores de alto valor agregado, el aumento del coeficiente de Gini. Estamos ante un deterioro de los índices tangibles que no puede superarse con presupuestos fiscales desfinanciados. Lo que se plantea es el cambio del modelo que predominó en los últimos 25 años. Los hechos están pidiendo un banco central coordinado con el conjunto de la economía, al igual que una audaz política comercial e industrial que modifique la composición sectorial y, en particular, la estructura de importaciones y exportaciones.

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