Estados Unidos no solo se percibe como una “nación de inmigrantes” sino que concentra la mayor cantidad de migrantes en el mundo. Desde 1970 el número se ha cuadruplicado, ascendiendo actualmente a alrededor de 45 millones de personas, equivalentes al 14% de la población. De estos, unos 11 millones son indocumentados. Por más que la xenofobia ha crecido, distintas encuestas muestran que la mayoría de estadounidenses considera que debe existir un camino regulado hacia la ciudadanía para quienes entraron ilegalmente y que la migración es buena para el país. Empero, la centralidad de esta en la vida económica, política y cultural de Estados Unidos no ha ido acompañada de una política migratoria integral, poniendo de manifiesto uno de los mayores fracasos de distintos presidentes demócratas y republicanos, así como del Congreso de las últimas cuatro décadas.
En cumplimiento de su promesa de campaña de resarcir esta deuda moral, desde su primer día en la Casa Blanca Joe Biden firmó varias órdenes ejecutivas para derogar algunas de las políticas más vergonzantes de su antecesor -- incluyendo la construcción del muro en la frontera con México, la deportación de menores y el veto a viajeros musulmanes -- y presentó un proyecto de reforma reconocido por su audacia pero que muchos estiman inviable dadas las escasas mayorías legislativas de los demócratas.
Sin embargo, en su entendible intento por distanciarse de las posiciones xenofóbicas e inhumanas de Trump, y por complacer a unas bases demócratas más progresistas que antes frente al tema migratorio, Biden ha terminado en un complejo sándwich entre dicho ala de su propio partido, que insiste en que los cambios no se están adelantando con suficiente rapidez, aquellos demócratas que representan a los estados fronterizos y que han manifestado su preocupación por el influjo creciente de inmigración ilegal, y los republicanos que han acusado al mandatario de incentivar la actual “invasión” de migrantes por una política que tildan de ingenua y peligrosa.
Si bien Estados Unidos ha experimentado ciclos semejantes en el pasado reciente, la afectación económica y social de Centroamérica por la pandemia, aunada a la destrucción material provocada por la temporada de huracanes el año pasado, están jalonando un influjo migratorio que, de continuar será el mayor de dos décadas. En reflejo de ello, no más entre diciembre de 2020 y febrero de este año, las cifras de aprehensiones en la frontera aumentaron en 25%. Dada la decisión del gobierno actual de no deportar a los menores de edad, el envío de estos también va en ascenso, llegando a 9,500 tan solo el mes pasado. Aunque se haya insistido a los centroamericanos de que “no vengan”, la ambigüedad del mensaje ha sido aprovechada por grupos traficantes que han generado la ilusión de oportunidad ante quienes buscan emprender el viaje al norte.
En su defensa, Biden no solo está lidiando con una nueva ola migratoria sino la inacción de sus antecesores a la hora de intentar reparar un sistema roto. Además de equilibrar una política tanto funcional como menos punitiva con los desafíos de seguridad que existen en la frontera con México, debe diseñar una mejor estrategia para combatir las causas estructurales de la migración, para lo cual la colaboración hemisférica e internacional es indispensable por más que escasea actualmente.
