Por: Cecilia Orozco Tascón

Prohibido conocer la verdad

¿Quién lo creyera? Bajo la responsabilidad histórica de la actual Corte Constitucional y de un Congreso calificado con cero en legitimidad moral para dictar cátedra sobre las conductas de otros, no se sabrá la verdad de la guerra. A lo sumo, se ventilarán, en este acuerdo de paz, las culpas de las Farc que parecen ser las únicas que echaban bala y que mataban en Colombia. Si nos ceñimos a la legislación impuesta, los disparos mortales, los homicidios y vejámenes del lado que combatía a la guerrilla, provenían de fantasmas a los que se niega, por Ley Estaturia, darles rostro pese a los derechos de las víctimas, ahora revictimizadas. La Corte, desprestigiada por la corrupción de uno de sus miembros y por su proclividad a congraciarse con el poder económico en contravía de la Carta Política, le abrió la puerta a la impunidad del sector de la sociedad también responsable de estos 50 años de terror, cuando excluyó a los “terceros” civiles de la obligación de confesar sus culpas ante el tribunal de la JEP. Al anochecer del lunes pasado, la Cámara, presidida por un manipulador que maniobró la plenaria como si fuera la sala de su casa, aprobó el texto en que se reglamenta el funcionamiento de la JEP. Lo cierto es que hubo respiro de alivio, pero no porque su letra sea una maravilla, sino porque, aunque estropeado, el acuerdo entre el Estado y las Farc tendrá unos cuantos dientes.

En concreto, los civiles que podrán seguir tranquilos a pesar de sus cargas de conciencia son los industriales, empresarios, comerciantes, ganaderos, agricultores de grandes extensiones y los funcionarios públicos: notarios cómplices de despojadores, fiscales y jueces que botaban expedientes o absolvían a los genocidas; alcaldes y gobernadores, diputados, concejales y los mismos parlamentarios cómplices de las autodefensas. Ninguno de los anteriores tendrá el deber de decir una sola palabra sobre los delitos que cometió o que incentivó. Serán desiguales ante la ley: ellos con más privilegios que los combatientes directos, o sea, los soldaditos y los guerrilleros del pueblo raso. Un artículo de lo más independiente que he leído, pese a que revela la mitad de la mitad, fue publicado por El Espectador el domingo pasado. Luz Carime Hurtado, quien tituló su nota “Las cuentas pendientes de los civiles en la guerra”, hizo un examen sencillo, pero contundente: revisó las sentencias de los tribunales de Justicia y Paz del país, creados no por un gobierno ridículamente rotulado por la ultraderecha con la ficción del “castrochavismo”, sino por Álvaro Uribe —vea usted, pues—, máximo representante de esa facción política, cuando implementó su proceso de desmovilización de los paramilitares. Según Hurtado, los fallos de la sala del Tribunal de Bogotá mencionan 57 empresas que colaboraron con los paramilitares; en las sentencias contra los bloques Bananero y del Norte, de Urabá, aparecen Chiquita Brands, su filial Banadex, Sunisa, Conserva, Uniban y otras firmas del ramo; además de los nombres de Carlos Lacouture Dangond y de Jorge Gnecco Cerchar como promotores de grupos privados armados que eliminaban sindicalistas; se registran las reuniones de Carlos Castaño con empresarios del Valle del Cauca que aportaban $20 millones, cada uno, para que se abriera un frente paramilitar en la región; se habla del bloque Tolima apoyado por los ganaderos de la región y por Cementos Diamante; con el bloque Cacique Nutibara se relaciona a Granahorrar, Comfenalco, Lander, Pinturas El Cóndor y hasta Coltejer; aparecen los vinculados al Fondo Ganadero de Córdoba y del lado del bloque Catatumbo, entidades como Termotasajero y servicios públicos de Norte de Santander; los gaseros de Urabá y los madereros del Darién en otras zonas y no podía faltar la Drummond. Todos han sido referenciados, repito, en los textos de los tribunales de Justicia y Paz abiertos durante los gobiernos Uribe, qué desilusión, no en los gobiernos conspirativos del comunismo internacional. Ninguno o muy pocos empresarios, sin embargo, han sido declarados culpables o inocentes. Sus nombres quedaron, ahí, flotando. Y así seguirán, como fantasmas, sí señor, a los que está prohibido ponerles apellido judicial cuya verdad en la guerra ha sido cercenada desde la alta institucionalidad. Corregido el yerro cometido por el uribismo, ahora todos están tranquilos porque retrocedimos, no avanzamos.

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