Por: Francisco Gutiérrez Sanín

¿Prohibir? (II)

En mi anterior columna, me referí a algunos datos históricos sobre la evolución del paramilitarismo. A propósito, Juan David Laverde tuvo la amabilidad de hacerme notar un error que cometí: al general Uscátegui no lo han declarado inocente, simplemente trasladaron su caso a la JEP. Yo me estaba era refiriendo a la versión del propio general, lo que de hecho refuerza el punto: un alto oficial diciendo que no es culpable porque la complicidad masiva con el crimen fue de otros, no de él.

Pero eso me lleva directamente al tema del sistema político frente a la prohibición. Esto tiene un doble aspecto. Por un lado, la posición del Centro Democrático. Cuando De la Calle dijo que la existencia de las Convivir justificaba la prohibición del paramilitarismo, Uribe montó en cólera. Respondió que las apoyó, pero “no como paramilitarismo sino todo lo contrario”. Lástima, pero esta linda versión no casa con los hechos. El paramilitarismo prosperó maravillosamente bajo la égida de esas Convivir coordinadas, entre otras, por las autodefensas de Urabá, y promovidas incansablemente por Uribe y por el general Rito Alejo del Río. El mismo Uribe ofreció un homenaje con bombos y platillos a Rito Alejo, cuando ya era claro qué encarnaba el personaje. Pero no es necesario ir tan atrás. Vean la actuación del Centro Democrático hoy: su oposición cerrera a políticas tan elementales como la restitución, con el lanzamiento de una campaña contra ella precisamente en uno de los peores epicentros del despojo paramilitar, o el miedo cerval a aceptar la existencia del paramilitarismo. No se olviden, entonces, los políticos prácticos ni de entender el mensaje ni de decirlo: allí donde estén en contradicción los intereses de los masacradores y despojadores y los de la gente del común, el Centro Democrático optará inevitablemente por los primeros. “No estarían recogiendo café”. ¿Se acuerdan? Creo que no puede obrar de otra manera.

Pero eso me lleva al otro aspecto, que va más allá y justifica plenamente la decisión de la Cámara de Representantes de acoger la prohibición del paramilitarismo: el real monopolio de la fuerza es una dimensión clave para construir cualquier cosa que se parezca a una “paz estable y duradera”, como reza la fórmula consabida. Pensar en serio la paz pasa necesariamente por cómo conseguirlo. Ahora bien: si yo, caminando por el pasillo de mi universidad, me resbalo una, dos, diez veces, y le atribuyo esto a la mala suerte, soy quizás un optimista. Si paso 50 años resbalándome y sigo culpando a la suerte, es que soy un inconsciente. Y cualquier observador externo podrá predecir que volveré a caer. El problema de Colombia con el acceso a diversas formas privadas o semiprivadas de violencia y seguridad ha durado décadas, y es necesario solucionarlo. Envenena todos los conflictos, mata gente y, sí, mina la productividad, porque eleva brutalmente los costos de transacción (si un empresario tiene acceso a una cohorte de guachimanes, los otros también tendrán que contratarlos). Y estimula la proliferación de la corrupción, pues al que denuncie le pueden pegar un tiro.

Esto viene de muy atrás. Hay un trabajo clásico de nuestras ciencias sociales, Bandoleros, gamonales y campesinos, de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, que explica qué vínculos han tenido históricamente en Colombia el acceso a la violencia privada, el sistema político y los poderes regionales. Vale la pena releerlo, ahora que hay muchos actores que aún quieren, o creen que necesitan, su provisión privada de violencia y seguridad, como se vio en el debate reciente de la Cámara. Lo que muestra a su vez la importancia de la prohibición.

Claro: es algo “apenas” simbólico. Pero es que la política también juega con símbolos. Hay símbolos buenos y malos. Este en particular nos ofrece una alerta clave para pensar un problema sin cuya solución no llegaremos a buen puerto.

 

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