Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Propuestas ambientales y partidos políticos

En estos tiempos preelectorales los ambientalistas debemos participar de manera activa en la gestión política y así contribuir a construir la posición de los diversos partidos frente a aspectos clave que relacionan calidad de vida y medioambiente; debemos influenciar el próximo Plan de Desarrollo 2018-2022.

La historia reciente del país demuestra que la presencia o ausencia del debate ambiental en la construcción de las propuestas partidistas resulta de gran relevancia. En los debates previos a las elecciones del 2002, el tema ambiental pasó desapercibido y, por ello, durante el periodo 2002-2010 la práctica desde el Poder Ejecutivo y Legislativo significó importantes retrocesos en gestión ambiental.

Siendo múltiples los espacios de deterioro, el retroceso se expresó en lo institucional con la desaparición del Ministerio del Medio Ambiente y su fusión (dilución) con Vivienda. Un efecto negativo mayúsculo fue la expansión de la minería que, en medio de contradicciones legales y sociales, creció de manera acelerada. En esos ocho años, toda la inversión extranjera en minería fue bienvenida y obtuvo grandes ventajas tributarias con mínimos controles fiscales y ambientales. El área titulada para minería era de 1,1 millones de hectáreas en el 2002 (menos del 1 % del área total de país). Para el 2009 los títulos mineros cubrían 8,4 millones de hectáreas y, en el 2010, Ingeominas tramitaba solicitudes por 40 millones de hectáreas (36 % de la superficie del país). Los títulos para la extracción de carbón aumentaron entre 2004 y 2007 en un 87 % y para oro se quintuplicaron en el mismo periodo. La producción minera entre 2006 a 2009 creció en un 27 %.

El presidente Santos, en su Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” 2010-2014, tomó la minería como locomotora de desarrollo. El impacto de esta política, como lo señalan la OCDE, el Consejo Nacional de Planeación y el “V Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el Convenio de Diversidad Biológica” (2014), fue que la minería y la deforestación fueron los principales motores de degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad en 2010-2014. La OCDE y el Banco Mundial señalaron que el desarrollo económico de Colombia, registrando tasas de crecimiento económico positivas y constantes, era insostenible pues se basaba en procesos extractivos que estaban generando alto impacto ambiental y pérdida acelerada de capital natural.

Por diferentes razones, entre ellas la creciente importancia que los medios de comunicación y la ciudadanía le conceden al medioambiente, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país - Paz, Equidad, Educación” incluyó un capítulo de “Crecimiento Verde” como tema transversal y envolvente. Sin embargo, la asignación presupuestal al tema ambiental siguió siendo insuficiente.

Un aspecto positivo es la puesta en marcha de la Misión para el Crecimiento Verde, cuyo propósito es entregar herramientas con indicadores concretos y viables para temas ambientales, con una valoración económica de los servicios ecosistémicos y su relación con el bienestar. Herramientas que esperamos sean útiles para el Plan de Desarrollo 2018-2022.

En la campaña electoral hay interrogantes frente a los cuales los candidatos deben definir posiciones. Entre los más importantes: la implementación del Acuerdo de Paz y los retos relacionados con la gestión de territorios sostenibles, y, en términos energéticos, la posición frente el fracking y el desarrollo de alternativas energéticas sostenibles.

Farc, Polo Democrático y Partido Verde ya se manifestaron. ¿Qué dicen los demás? Como ambientalistas debemos ser propositivos; somos una fuerza política cada día más influyente.

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