¿Qué está pasando en Perú?*

Cinco expresidentes peruanos enfrentan una situación lamentable. Uno está sentenciado, Alberto Fujimori (presidente 1990-1995, 1995-2000); otro, huido de la justicia y en vías de extradición, Alejandro Toledo (2001-2006); otro, muerto antes que ser capturado, Alan García (1985-1990, 2006-2011); otro, por volver a prisión, Ollanta Humala (2011-2016), y otro, en prisión preventiva inicialmente, aunque por su avanzada edad y sus problemas cardiacos los fiscales cambiaron la medida por prisión domiciliaria, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

A ese cuestionado conjunto de personajes debe añadirse la varias veces candidata a la Presidencia Keiko Fujimori, actualmente en prisión preventiva. Keiko es hija de Alberto Fujimori y lideresa del partido fujimorista que controla mayoritariamente el Congreso unicameral peruano y cuenta con el apoyo del partido aprista del expresidente García con una mínima representación parlamentaria; esa mayoría no refleja la proporcionalidad de los resultados electorales y es consecuencia de un defectuoso sistema de elección parlamentaria.

El común denominador de todos los anteriores es corrupción y, salvo en el caso de Alberto Fujimori que además está sentenciado por otros crímenes, otro común denominador es la operación judicial Lava Jato referida a la constructora brasilera Odebrecht (que en la época de Fujimori padre aún no operaba en Perú). Los actos de corrupción incluyen cobro de comisiones indebidas (sobornos) por la adjudicación de obras de infraestructura y financiamiento ilegal de campañas electorales.

Hace pocos días, el exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú confirmó ante los fiscales peruanos que investigan las actuaciones de la constructora que entregó dineros indebidos a los presidentes Toledo, García, Humala y Kuczynski, a la señora Fujimori y a otros funcionarios peruanos, incluidas la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (de izquierda) y la excandidata presidencial Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano (de centro derecha).

¿Cómo se explica la existencia de un nivel tan elevado y extendido de corrupción que involucra a cinco presidentes, muchos líderes políticos y más funcionarios públicos? Más aún, ¿cómo fue posible que, a pesar de la oposición beligerante de los políticos, particularmente los fujimoristas y apristas, se llegara a descubrirlos, perseguirlos judicialmente y abrirles procesos penales?

Tal vez la razón más importante es que las reformas realizadas en la década de los años 70 del siglo XX por el gobierno militar cambiaron la estructura social y política del Perú en el contexto de un crecimiento importante de la clase media relacionado con la expansión de las manufacturas entre los años 50 y fines de los 80, la enorme migración campo-ciudad como consecuencia de lo anterior y otros cambios demográficos. La reforma agraria desplazó a los terratenientes de la tierra y del poder político que devenía de esta, y junto con el desarrollo de las empresas públicas permitieron la emergencia y luego el protagonismo político y social de la clase media.

Pero los nuevos políticos “pensaron” que la sociedad peruana seguía siendo la misma y que ellos eran, más bien, producto de sus propios méritos y no el resultado de un cambio político-social en un país aún en construcción institucional. Y pretendieron seguir con las mismas prácticas en el ejercicio del poder como consecuencia de la tradicional falta de claridad respecto a la separación entre bienes públicos y bienes privados y su usufructo.

De tal modo, si bien los líderes políticos peruanos en todos los niveles continuaron sintiéndose con derecho a disfrutar por igual de bienes públicos y privados, la sociedad peruana ya no pensaba igual y, por lo tanto, ya no estaba dispuesta a seguir soportando el comportamiento tradicional de esos políticos: de aprovecharse privadamente de los bienes públicos.

Además, los peruanos tienen cómo controlar a los políticos. Tienen unos periodistas de investigación acuciosos y jueces y fiscales designados por méritos, que hacen parte de esa nueva clase media, que son independientes de los políticos a quienes no les deben nada, salvo algunos de sus jefes nombrados por los anteriores.

Pero los políticos continuaron ignorándolo e intentaron evitarlo. El 7 de enero 2019 el entonces fiscal general de la Nación del Perú, Pedro Chávarry, nombrado con los votos de los partidos de la excandidata Fujimori y del expresidente García, tuvo que renunciar al cargo como consecuencia de la presión popular generada por su intento de frustrar las investigaciones por el escándalo Odebrecht, cuando trató de remover a los fiscales encargados del caso: lo hizo y luego, ante la enorme presión popular, tuvo que revocar su decisión y renunciar.

En las casas y en las calles de Lima y de las ciudades y pueblos peruanos se escucha casi al unísono la consigna “que se vayan todos.” De hecho, en el referéndum del 9 de diciembre de 2018 el 85% votó en favor de eliminar la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular. Y los políticos tradicionales no pueden oponerse y bloquearlos pues no son capaces de enfrentarse a una mayoría aplastante que simplemente se cansó de su actuar en beneficio propio.

La renovación de la clase política peruana dará pie a una nueva forma de revolución. Si la anterior permitió la emergencia de la clase media, esta quiere frustrar el aprovechamiento corrupto de los recursos públicos y anular los intereses privados en la decisión de las políticas públicas. Un paso más en el desarrollo institucional del Perú, como ha ocurrido a lo largo de la historia en los países desarrollados.

* Una versión más extensa y detallada de la presente columna fue publicada por Razón Pública el 29 de abril 2019.

** Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.