¿Qué sigue en Hidroituango?
Ramón Hernán Atehortúa Moncada
En respuesta al editorial del 5 de diciembre de 2020, titulado “¿Qué nos queda de Hidroituango?”.
Reficar, el mayor descalabro financiero del Estado, sobrepasó US$8.000 millones en “sobrecostos”, unos $28 billones con “b” hoy. Fueron implicados ministros de Minas y Hacienda de los gobiernos de Uribe y de Santos, y sus juntas directivas integradas por eminentes empresarios del país. Nadie ha pagado nada ni hay ningún condenado.
Recientemente Iván Duque inauguró el túnel de La Línea que tardó diez años en su ejecución y que valió “cinco veces más” de lo presupuestado. Ni Uribe Vélez ni Santos Calderón ni el actual presidente han sido llamados a dar explicación de estos sobrecostos.
El metro de Medellín acaba de cumplir 25 años desde su puesta en servicio, obra que se presupuestó en US$650 millones y se invirtieron más de US$2.100 millones, es decir, 225 % de su costo inicial. Todavía restan años en pagarse esa deuda, pero no se abrió proceso por los sobrecostos.
Ni qué decir de la Ruta del Sol, donde la mano negra de Odebrecht con sus sobornos opacó los enormes sobrecostos que todavía no sabemos cuánto van a terminar valiendo.
La lista es larga en todos los entes del Estado, donde el común denominador es SOBRECOSTOS, palabra o término que se volvió paisaje en la contratación pública.
Después de leer el editorial de El Espectador, “¿Que nos queda de Hidroituango?”, ¿será que los 28 “encartados” van a pagar los $2,9 billones de costo fiscal?
No creo que cada uno pague de su bolsillo más de $100.000 millones ni tampoco vayan a prisión ni les expropien sus bienes porque tan alta cifra no la poseen.
Este show mediático de la Contraloría General tendrá uno de estos dos epílogos:
a) Pasará como una crónica al baúl de los recuerdos, como muchas otras historietas descritas anteriormente con un nombre tácito: aquí yace el “sobrecosto de…”, por la presión e intereses del empresariado antioqueño hasta que se dé la figura jurídica: vencimiento de términos.
b) Será caballito de batalla para atajar las aspiraciones políticas de dos figuras que aparecen en el radar periodístico en todas sus formas, como lo son Sergio Fajardo Valderrama y Aníbal Gaviria Correa. Nada cuesta pensar que Carlos Felipe Córdoba Larrarte y su corte les están haciendo el “mandado” al centralismo bogotano para seguir controlando esta finquita llamada Colombia a partir de agosto de 2022.
Todos los que están inmersos en ese mundano y lodazal mundo político entienden y saben muy bien que la crisis de Hidroituango no se soluciona con “resoluciones” ni con fallos administrativos. Se arregla es con billete, y eso es lo que está haciendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al presentarles a los contratistas una conciliación de $9,9 billones, reclamación que causó mucha roncha en las altas esferas de la sociedad medellinense, tormenta que todavía aminora las turbulentas aguas en EPM.
Amanecerá y veremos cómo se defenderán los exgobernadores y exalcaldes de esta papa caliente… (¡!)
En respuesta al editorial del 5 de diciembre de 2020, titulado “¿Qué nos queda de Hidroituango?”.
Reficar, el mayor descalabro financiero del Estado, sobrepasó US$8.000 millones en “sobrecostos”, unos $28 billones con “b” hoy. Fueron implicados ministros de Minas y Hacienda de los gobiernos de Uribe y de Santos, y sus juntas directivas integradas por eminentes empresarios del país. Nadie ha pagado nada ni hay ningún condenado.
Recientemente Iván Duque inauguró el túnel de La Línea que tardó diez años en su ejecución y que valió “cinco veces más” de lo presupuestado. Ni Uribe Vélez ni Santos Calderón ni el actual presidente han sido llamados a dar explicación de estos sobrecostos.
El metro de Medellín acaba de cumplir 25 años desde su puesta en servicio, obra que se presupuestó en US$650 millones y se invirtieron más de US$2.100 millones, es decir, 225 % de su costo inicial. Todavía restan años en pagarse esa deuda, pero no se abrió proceso por los sobrecostos.
Ni qué decir de la Ruta del Sol, donde la mano negra de Odebrecht con sus sobornos opacó los enormes sobrecostos que todavía no sabemos cuánto van a terminar valiendo.
La lista es larga en todos los entes del Estado, donde el común denominador es SOBRECOSTOS, palabra o término que se volvió paisaje en la contratación pública.
Después de leer el editorial de El Espectador, “¿Que nos queda de Hidroituango?”, ¿será que los 28 “encartados” van a pagar los $2,9 billones de costo fiscal?
No creo que cada uno pague de su bolsillo más de $100.000 millones ni tampoco vayan a prisión ni les expropien sus bienes porque tan alta cifra no la poseen.
Este show mediático de la Contraloría General tendrá uno de estos dos epílogos:
a) Pasará como una crónica al baúl de los recuerdos, como muchas otras historietas descritas anteriormente con un nombre tácito: aquí yace el “sobrecosto de…”, por la presión e intereses del empresariado antioqueño hasta que se dé la figura jurídica: vencimiento de términos.
b) Será caballito de batalla para atajar las aspiraciones políticas de dos figuras que aparecen en el radar periodístico en todas sus formas, como lo son Sergio Fajardo Valderrama y Aníbal Gaviria Correa. Nada cuesta pensar que Carlos Felipe Córdoba Larrarte y su corte les están haciendo el “mandado” al centralismo bogotano para seguir controlando esta finquita llamada Colombia a partir de agosto de 2022.
Todos los que están inmersos en ese mundano y lodazal mundo político entienden y saben muy bien que la crisis de Hidroituango no se soluciona con “resoluciones” ni con fallos administrativos. Se arregla es con billete, y eso es lo que está haciendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al presentarles a los contratistas una conciliación de $9,9 billones, reclamación que causó mucha roncha en las altas esferas de la sociedad medellinense, tormenta que todavía aminora las turbulentas aguas en EPM.
Amanecerá y veremos cómo se defenderán los exgobernadores y exalcaldes de esta papa caliente… (¡!)