Por: Salomón Kalmanovitz

Quedaron advertidos

Los políticos no deben jugar con los equilibrios macroeconómicos de un país. Estos son fundamentales para propiciar el desarrollo económico y garantizar su capacidad de pago. Estar complaciendo a los hombres ricos que les financian sus campañas, perdonándoles impuestos, puede ser una fórmula suicida para el futuro de 50 millones de colombianos.

Eso es lo que ha estado sucediendo desde que la derecha colombiana se dio a la tarea de aliviar el bolsillo de los que más pueden y deben contribuir al sostenimiento del Estado. Cuando la economía prosperaba y era cuantiosa la renta petrolera, no era evidente que esos recursos fueran indispensables para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. Pero hoy su faltante está causando la pérdida de la calificación crediticia por Standard & Poor’s, que la redujo a un nivel cercano al especulativo, de BBB a BBB-. El ministro de Hacienda puede dar las excusas que quiera sobre su gestión, pero los hechos señalan su falta de rigor para defender el grado de inversión del país, que puede perderse si el próximo gobierno no arregla sus cargas.

Otra hubiera sido la historia si el Gobierno hubiera insistido ante el Congreso aumentar los impuestos a las personas naturales más ricas, en mayor proporción a la reducción que hizo de las tarifas de las empresas. Hubiera sido mejor aún si tanto Uribe como Santos hubieran ahorrado la larga bonanza externa que disfrutamos y no la hubieran gastado vorazmente en malas obras y tanta corrupción.

Las causas enumeradas por la calificadora fueron cuatro: un déficit fiscal de -3,6 % del PIB (casi $34 billones), un déficit externo de -3,7 % del PIB (US$11.000 millones), una preocupante deuda externa (40 % del PIB o US$120.000 millones) y una caída en el crecimiento que tiende a agravar los desequilibrios. Eso significa que la nación puede enfrentar problemas para pagar cumplidamente sus compromisos externos; con la percepción de mayor riesgo, se le encarece su endeudamiento. Sin embargo, la calificadora dio un respiro al conceptuar que la situación era estable, descontando una nueva degradación a corto plazo.

Se trata de una advertencia muy seria a los candidatos presidenciales a no jugar a reducir impuestos: ¿oyeron Vargas Lleras e Iván Duque? Por el contrario, debe forjarse una política de Estado de que gane quien gane las elecciones hará una reforma tributaria de verdad y/o reducirá gastos, incluyendo las pensiones que andan desbordadas. Los congresistas, tan generosos ellos con el dinero de los otros, han aprobado un aumento del 8 % en la carga pensional del Gobierno, al imponerle todo el pago por las cuotas de salud, pretensión que debe resistir si no quiere dar otra mala señal a los acreedores. Recuérdese que los pensionados estamos exentos de impuestos, sin importar el nivel de nuestros ingresos, algo que es inherentemente injusto, comparado con el resto de los contribuyentes.

Al igual que con la deuda del Gobierno, la de las empresas públicas y los grupos financieros sólidos, como Ecopetrol, ISA e Isagén, el Grupo Sura y Nutresa deberán también pagar tasas de interés más elevadas que en el pasado. La calificadora redujo a BB+ o grado especulativo las notas del resto de empresas privadas sin respaldo público, como Bancolombia y el Banco de Bogotá, lo cual los obliga a reducir sus inversiones.

La lección no aprendida es que las malas políticas del pasado retornan vengativamente para comprometer el futuro.

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