¿Quién se opone al desarrollo?

Anuncia la radio que con ayuda de artistas como Maluma se realiza una “gran rifa internacional para la reconstrucción de Providencia”. Esto, 90 días después de que el huracán Iota devastara el archipiélago y el presidente Iván Duque anunciara un ambicioso proyecto de desarrollo conocido como Plan 100 Días. Este incluiría no solo la reconstrucción como tal, sino en general el “desarrollo de Providencia”. Así, además de prometer reparaciones de viviendas y colegios, el Gobierno habla de nuevos alcantarillados y conexiones de agua potable. “Vamos a hacer de Providencia en la reconstrucción una isla que sea cero emisiones, que el manejo de basuras, que el manejo del transporte, que la huella individual, que la energía la podamos llevar a ese nivel”, dijo el presidente. En esta empresa participan hoy 21 entidades del Gobierno en Bogotá, que administran $1,2 billones y están coordinadas por Susana Correa, la gerente de reconstrucción.

¿Cuáles serán los efectos específicos del “desarrollo” notificado? ¿Qué se gana al anunciar que el Estado de Colombia llega a desarrollar las islas? Uno podría pensar que no mucho, pues hasta el momento, aparte de restablecer algunos servicios públicos y reparar unas casas, son pocos los resultados de mostrar. No se ha construido ninguna vivienda nueva y todos (quienes esperan reparaciones o nuevas viviendas) duermen y viven en carpas. Pese a que desde el Gobierno se hacen aseveraciones de tipo fantasioso, como que “San Andrés y Providencia sería el primer departamento en Colombia con un computador por estudiante”, los colegios destruidos tampoco han sido restaurados. “Para ser sincero”, explicó el presidente de la Autoridad Raizal, Alberto Gordon May, “dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días”.

Esto no quiere decir que no se vean desde ya algunos efectos claros. Pues, aunque fracase en sus propias metas, la intervención tiene consecuencias graves, que incluyen la expansión y el atrincheramiento del poder estatal burocrático y militar. Con todo lo que esto significa.

Quizá el Plan 100 Días no traiga consigo el agua potable para todas las viviendas (tampoco las viviendas), ni la construcción de un hospital digno, ni la solución a los terribles problemas de saneamiento, pero será fundamental para establecer una nueva administración hotelera y otorgar al Gobierno de Bogotá una presencia mucho más fuerte en la zona que nunca antes. Antes de Iota, ya Providencia tenía mal acceso al agua, la salud, la luz eléctrica y la educación. Esto sucedía por décadas de racismos estructurales y andanadas de migraciones sin control para “colombianizar” el archipiélago. Al reducir la pobreza y pésima infraestructura a un problema técnico y al prometer soluciones técnicas a la exclusión y opresión del pueblo raizal, el Plan 100 Días despolitiza luchas por el derecho a la autonomía y la justicia. Al mismo tiempo, al hablar de gerencias, estadísticas y de “100 días para dar la bienvenida al desarrollo”, se expande el poder institucional del Estado de manera casi invisible, bajo el manto de una política neutra y técnica.

A raizales y locales les preocupa la entrada de cientos y cientos de trabajadores estatales que llegan a “reconstruir” Providencia y aumentan la densidad en un territorio pequeño que han cuidado a punta de trabajo y movilización. Les preocupa la especulación inmobiliaria y turística que puede empezar poco a poco en detrimento de sus posadas locales y de sus tierras (con maquinaria del Gobierno se inició, por ejemplo, la intervención del proyecto turístico Mount Sinai, que ya había sido rechazado por la comunidad). Les preocupa que con el sacudón del desarrollo haya empezado la construcción de la base de Salvamento Marítimo de la Armada Nacional (a la que siempre se opusieron). Les preocupa la posible militarización y pérdida de su isla.