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“La principal amenaza para la implementación del Acuerdo Final sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz, contra las comunidades que han sufrido violencia durante décadas y contra los líderes sociales y los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre”. Esta es la conclusión más contundente del informe del secretario general de la ONU para el Consejo de Seguridad en su sesión del 21 de enero sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia (párrafo 9).

Según el periódico digital Ibae (enero 24), “países como Irlanda, India, México, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, China o Francia expresaron una vez más su respaldo al Acuerdo de Paz y (…) todos hicieron un llamado al gobierno de Iván Duque para que tome medidas para la protección de la vida de los excombatientes y líderes sociales. «Una mayor presencia del Estado servirá para atajar los problemas que plantean en los territorios los grupos criminales y los traficantes de drogas», dijo India. China expresó: «Garantizar integridad física y protección es un elemento integral del Acuerdo. En varias regiones hay crímenes violentos y agresiones contra excombatientes. Respaldamos al Gobierno colombiano en mejorar en seguridad, gobernanza en zonas rurales y medidas de protección»”.

En Colombia, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, dijo que “el Gobierno y las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que hacer más para proteger a la población si hay masacres, si hay asesinatos. Es evidente. (…) Estamos urgiendo al Gobierno, como todos los países, a hacer más porque no está funcionando si hay masacres. Ahora bien, yo no quiero exculpar a los que tienen la mayor responsabilidad. Son los mismos grupos ilegales narcoterroristas. El Gobierno sí está combatiéndolos, pero evidentemente no ha fijado una política para prevenir los problemas que ellos producen” (El Tiempo, enero 24 de 2021).

La ausencia de esa política también fue criticada severamente por el secretario general: “La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reunió una vez y celebró varias reuniones técnicas, pero todavía no ha finalizado la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales. En noviembre, argumentando que el Gobierno no ha considerado debidamente sus propuestas, representantes de la sociedad civil ante la Comisión presentaron su propio proyecto de lineamientos para la política pública”. Esa crítica se expresó tres veces: en el párrafo 26, que es el aquí transcrito, en el 16 y en el 107, donde instó “una vez más a la Comisión a que adopte prontamente la política pública, teniendo en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil”.

El Gobierno actúa mansito a escala internacional frente a estas observaciones, pero su respuesta cliché y engreída dentro del país es que hoy se registra el menor número de homicidios en décadas. Eso no sirve para que no maten cada día más excombatientes y líderes sociales. Se requiere adoptar una política pública en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Es un clamor nacional y también universal.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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