Reforma rural es para todos

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Entre las argumentaciones en contra del Acuerdo está la de la “entrega” del país a las Farc. Hoy no deja de ser un espantajo utilizado para amedrentar a las clases medias y defender una anticuada estructura rural. Voy a sostener que no solo en términos de justicia social esa estructura es dañina para Colombia, sino en particular para la economía. Y que la reforma le conviene a Colombia.

Al despuntar el siglo pasado el eje de la política agraria era la adjudicación de tierras baldías. El Estado entregó enormes extensiones a militares, políticos, financiadores y demás. 60 millones de hectáreas entre 1903 y 2012. La cuestión no se limita al tamaño, sino a la estructura económica en la que esto se desenvuelve. Se expulsaron los sobrantes poblacionales hacia la periferia, como lo describe Chucho Bejarano (Orígenes del problema agrario). El sistema de explotación se basó en la servidumbre. Colonos hacia la selva que luego de un tiempo devolvían el fundo al titular con pastos para ganadería. En algunas zonas cafeteras se usó la aparcería, extraña sociedad en la que el trabajador asume la mayor pérdida en caso de siniestro. No se generó una estructura basada en el salario, desaprovechando la posibilidad de generar una masa formal de campesinos consumidores que abrieran la puerta a la industrialización. Algunos de los tigres asiáticos crecieron luego de una reforma agraria modernizadora. Nuestro sistema creó riqueza rentística pero no creó capital.

Los grandes fundos han sido improductivos. Del total del área para uso agropecuario, el 80 % se destina a pastos y rastrojos. Solo el 19 % es para uso agrícola. Una utilización patológica.

A esto se suma un sistema político local que frenó la tributación sobre la tierra, apostando entonces a una valorización vegetativa y a una baja movilidad del mercado de tierras. Si algo faltara, vino el narcotráfico que abortó un incipiente proceso de distribución de la tierra. Con sus disfuncionalidades, la reforma de Lleras abrió una puerta. Esta reforma murió a manos de dos radicalismos. La izquierda extrema rompió el movimiento campesino. Aventurerismo. Y el influjo de los terratenientes forzó el acuerdo de Chicoral suscrito entre López Michelsen y Misael Pastrana que emasculó la reforma. Y si algo nos faltara, las acciones de los propietarios enemigos del cambio y los nuevos barones del narco, coordinados en algunas zonas, generaron la brutal contrarreforma. “La gran propiedad pasó de controlar el 47 % al 68 % de la superficie catastrada, y (…) la pequeña, de 15 % en 1984 a 9 % en 2000” (Kalmanovitz, Nueva Historia económica de Colombia). Somos el segundo país en el mundo con mayor desplazamiento, de modo que, como dijo un paramilitar, “mientras unos mataban, otros compraban y otros legalizaban”.

Acepto que hoy hay propietarios conscientes. Sé que la gran economía debe hacerse en extensiones rentables. El Acuerdo deja espacio para eso. Pero lo que no puede funcionar es una economía agraria que continúe basada en la servidumbre. También se puede y se debe modernizar la economía campesina. Conozco experiencias exitosas donde, al lado de la propiedad privada moderna, sistemas cooperativos asumen tareas de envergadura en la poscosecha y comercialización. Bien el Gobierno por la reincorporación de excombatientes y la restitución. Pero la verdadera reforma es una tarea pendiente. No para las Farc. Es para Colombia.

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