Reforma tributaria 2018

César Ferrari
10 de octubre de 2018 - 05:00 a. m.

Según la OCDE, en el año 2016, el total de los ingresos tributarios en Colombia representaba 26,7 % del PIB, mientras que en los países de la OCDE el promedio era de 34,5%. En particular, en Dinamarca equivalía a 45,9% del PIB; en Francia, a 45,3%; en Suecia, a 44,1% y en Italia, a 42,9%. Mejor dicho, es difícil argumentar que en Colombia los ingresos tributarios y, en consecuencia, el gasto público son excesivos.

Por otro lado, también según la OCDE, en el 2016, en Colombia, los ingresos tributarios pagados a partir de los ingresos de las personas naturales representaban 0,8% del PIB; los pagados a partir de los ingresos de las empresas, 4,8%, y los pagados a partir del consumo, 8,3%. En el promedio de los países de la OCDE, los impuestos pagados a partir de los ingresos de las personas naturales representaban 8,4% del PIB; los pagados a partir de los ingresos de las empresas, 2,8%, y los pagados a partir del consumo, 11,1%.

Lo que esos datos muestran es que en Colombia las empresas son las que pagan los impuestos y no las personas naturales (sus dueños). Lo contrario ocurre en el mundo desarrollado, en donde las personas naturales pagan muchísimo más que las empresas. A su vez, lo que también muestran los datos es que la recaudación a partir de los impuestos directos pagados por las personas naturales y jurídicas en los países desarrollados es superior a la obtenida a partir de los impuestos al consumo. 

De otro lado, según un estudio reciente del Banco de la República, en 2016, en Colombia, las tasas efectivas promedio de tributación neta (las que efectivamente se pagan sobre los ingresos gravables descontados los costos económicos de trabajar y la depreciación del capital fijo) fueron: sobre los ingresos del trabajo, 20,8%, incluyendo una tasa de 15,9% sobre seguridad social; sobre los ingresos de capital de las personas naturales, 6,2%; sobre los ingresos de capital (incluyendo utilidades) de las empresas, 31,1%, y sobre el consumo, 11,1%.

Estas últimas tasas son consecuentes con la mencionada recaudación obtenida como porcentaje del PIB: las empresas son los que pagan las mayores tasas de impuestos y no sus dueños, quienes pagan tasas sobre sus ingresos de capital (su fuente principal y muchas veces única) mucho menores incluso que las que pagan los trabajadores sobre sus ingresos derivados de su trabajo.  Mejor dicho, a la luz de los datos, pareciera que la norma constitucional de equidad y progresividad en la tributación (artículo 363) está lejos de cumplirse.

Una afirmación recurrente en el debate público relacionado con lo anterior es que existe un exceso de gasto que, además, se desperdicia. De tal manera, dada la recaudación existente, que la corrupción disminuye, aunque no se contabiliza, el exceso conduce a un déficit. En las proyecciones iniciales del ministro de Hacienda el déficit fiscal total para el 2019 era del orden de $25 billones que, luego de unas operaciones sobre deuda, se habría reducido a $14 billones.

Para subsanar el faltante, el ministro ha mencionado la conveniencia de extender el IVA a todos los bienes y servicios de la economía, incluidos los de la canasta familiar actualmente excluidos (alimentos básicos, educación, salud, servicios públicos, alquiler de vivienda, principalmente). Para evitar los efectos negativos que ello implica sobre los ingresos de las personas de menores ingresos plantea que la parte correspondiente que se les cobre por IVA sobre esos bienes que se incluirían se les devuelva, empleando la información registrada en el Sisbén (que, supuestamente, es un registro de las personas de menores ingresos que, sin embargo, incluye a casi 35 millones de personas). Con ese mayor recurso, el ministro planea reducir la tasa de impuestos que pagan las empresas. Plantea también reducir los gastos del Estado entre 7,5 % y 10 % recortando la adquisición de bienes y servicios, viáticos, mantenimiento y contratos por prestación de servicios.

Varias preguntas surgen de la propuesta. ¿Es en realidad el gasto fiscal en Colombia excesivo, en particular la inversión pública, cuando son evidentes las carencias en términos de bienes y servicios públicos y meritorios y de infraestructura? ¿O, más bien, el problema es que los ingresos tributarios en Colombia son reducidos? Por otro lado, para subsanar el faltante, ¿por qué insistir en generalizar el IVA, cuando creará inflación, por lo tanto, reducirá el ingreso real de las personas, aunque se devuelva una parte, y, en consecuencia, reducirá la tasa de crecimiento de la economía?   

De otro lado, ¿por qué insistir en generalizar el IVA a los bienes y servicios básicos, cuando en casi todos los países desarrollados están exceptuados? ¿Por qué insistir en tener una tasa IVA de país europeo, con la cual estos ofrecen servicios de nivel europeo, cuando los servicios ofrecidos en Colombia son insuficientes? En todo caso, ¿por qué no seguir el ejemplo estadounidense en donde el impuesto a las ventas (parecido al IVA) es un impuesto local, no incluye a los bienes básicos y en ciudades como Nueva York o Miami tiene una tasa del orden de 8%?

Finalmente, ¿por qué no compensar la reducción del impuesto a la renta de las empresas, que parece razonable, con un aumento significativo del impuesto a la renta (que incluya a las rentas de capital) y del impuesto al patrimonio de las personas naturales de mayores ingresos y patrimonios que, como se indicó, es la norma en todo el mundo desarrollado?     

* Ph. D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.

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