Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Reformando las CAR

Acaba de presentarse al Congreso el rutinario proyecto de ley para la reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Los anteriores intentos han sido bloqueados por el clientelismo y la corrupción. Este debe correr con mejor suerte, pues como la expresa Asocars: “Hay una creciente apropiación de los temas ambientales por la comunidad en general”. Una buena gestión ambiental que nos permita vivir en un ambiente sano es determinante para la salud, el bienestar, la producción y en general la gestión de territorios sostenibles. Esto obliga a las CAR a mejorar su eficiencia y efectividad, y a esto apunta la reforma que busca gobernabilidad, transparencia y gestión desde las autoridades ambientales.

Hoy, no podemos afirmar que todas las CAR sean corruptas; en mayor o menor grado, algunas de ellas cumplen con su función. Ejemplos: Corpoboyacá (gestión de calidad del aire en Valle de Sogamoso), Corpouraba (ambiente y paz, asociado a cambio climático), Cornare (pago por servicios ambientales y manejo de cuencas) y CRC (Macizo Colombiano y ordenamiento ambiental), entre otras.

La presión ciudadana positiva y pacífica crece a lo largo y ancho del país. Un ejemplo: Gachetá, Cundinamarca, donde campesinos de las veredas Cusaquin, San Antonio y San Isidro están movilizándose y exigiendo el cumplimiento del plan de manejo de una concesión para explotación de material de arrastre sobre el río Menegata. Corpoguavio ha sido poco efectiva, pero la gestión ciudadana la obligará a cumplir su función. En La Dorada (Caldas), en el río Doña Juana, hay un caso similar; mediante un derecho de petición la comunidad presiona a Corpocaldas a intervenir ante el incumplimiento del plan de manejo asociado a la licencia ambiental. Ya se venció el término y el siguiente paso será solicitar la intervención de la Procuraduría.

Acciones jurídicas como tutelas, derechos de petición y acciones de cumplimiento son herramientas que con frecuencia tienen que utilizar las comunidades para ejercer sus derechos. Estas se comunican, autocapacitan, establecen demandas y exigen a las CAR que hagan seguimiento de las licencias otorgadas. Esperamos que, con la reforma, las CAR mejoren y pasemos a una etapa superior en el accionar de las autoridades ambientales que genere confianza al ciudadano.

El primer paso, lo esencial, es que el proyecto de ley obligue a mayor transparencia en el uso de los recursos financieros y en la aplicación de la normatividad. Los Consejos Directivos deben hacer públicas sus actas y los representantes de los diversos sectores deben mantener informados a sus representados respecto a cada determinación en la que toman parte. Los directores deben publicar el presupuesto, diciendo cuánto y a qué se asignan los recursos, cuál es el resultado esperado y quién es el funcionario responsable de las actividades, para que las comunidades puedan contactarlo y hacer un seguimiento cercano. Buena parte de las quejas son el resultado de conceptos técnicos débiles o tendenciosos que favorecen intereses particulares.

Si las CAR, como autoridad ambiental, no logran mejorar eficiencia y efectividad, tendrán que perder la autonomía. Hoy debemos tener mejor respuesta institucional ante el cambio climático y la gestión de riesgo asociada a los climas extremos. Ante estos fenómenos debemos construir una sólida alianza entre ciudadanía y autoridades ambientales, donde la corrupción y la mediocridad deben ser erradicadas.

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2018-11-14T00:00:51-05:00

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