8 Mar 2021 - 3:00 a. m.

Reformas a la seguridad social

La pandemia tuvo un impacto devastador sobre una estructura social en estado calamitoso: un desempleo del 16 % en 2020 frente al 10 % en 2018; el 36 % de la población era pobre en 2019, unos 18 millones, y hoy son más de 21 millones. Mientras que la informalidad asola al 62 % de la población, sólo el 25 % de los adultos mayores reciben una pensión, todos bajo arreglos institucionales que perpetúan la inequidad.

Casi cinco millones de hogares viven en la pobreza absoluta, de los cuales el Gobierno sólo atiende a la mitad con programas dispersos como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Los programas de salud tienen cobertura universal, con un costo del 4 % de su ingreso para los asegurados formales (cuyos patronos aportan el 8 %) y del 12,5 % para los independientes. Los informales no aportan nada a los programas que los atienden mal que bien, lo que induce el traslado de trabajadores formales al régimen gratuito, porque las EPS ofrecen una atención precaria, pero cobran duro. En 2012 las contribuciones alcanzaban el 30 % de la nómina, pero la Ley 1670 las redujo 14 puntos, lo cual hizo caer la informalidad entre un 4 % y un 7 %, según Fernández y Villar (CAF, 2016). Un 16 % de recargo es todavía un impuesto elevado a la formalidad que podría reducirse si existiera un régimen de impuestos progresivos, sobre todo a la renta y al patrimonio de las personas que sólo aportan un 1 % del PIB al fisco, tributos que permitirían financiar mejor la seguridad social de todos los trabajadores.

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