La pandemia tuvo un impacto devastador sobre una estructura social en estado calamitoso: un desempleo del 16 % en 2020 frente al 10 % en 2018; el 36 % de la población era pobre en 2019, unos 18 millones, y hoy son más de 21 millones. Mientras que la informalidad asola al 62 % de la población, sólo el 25 % de los adultos mayores reciben una pensión, todos bajo arreglos institucionales que perpetúan la inequidad.
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Casi cinco millones de hogares viven en la pobreza absoluta, de los cuales el Gobierno sólo atiende a la mitad con programas dispersos como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Los programas de salud tienen cobertura universal, con un costo del 4 % de su ingreso para los asegurados formales (cuyos patronos aportan el 8 %) y del 12,5 % para los independientes. Los informales no aportan nada a los programas que los atienden mal que bien, lo que induce el traslado de trabajadores formales al régimen gratuito, porque las EPS ofrecen una atención precaria, pero cobran duro. En 2012 las contribuciones alcanzaban el 30 % de la nómina, pero la Ley 1670 las redujo 14 puntos, lo cual hizo caer la informalidad entre un 4 % y un 7 %, según Fernández y Villar (CAF, 2016). Un 16 % de recargo es todavía un impuesto elevado a la formalidad que podría reducirse si existiera un régimen de impuestos progresivos, sobre todo a la renta y al patrimonio de las personas que sólo aportan un 1 % del PIB al fisco, tributos que permitirían financiar mejor la seguridad social de todos los trabajadores.
El régimen pensional es más oneroso, pues exige un aporte patronal del 12 % del salario y un 4 % del trabajador. Pero el rosario de aportes patronales no para allí: falta el 4 % de la nómina que va a las parasitarias cajas de compensación familiar, que reciben una copiosa lluvia mensual del sistema formal sin ofrecer servicios acordes a los trabajadores. El seguro de desempleo sólo cubre al 1 % de los desempleados. El papel de las cesantías ha sido desnaturalizado porque los trabajadores las pueden gastar en muchas cosas además de sostenerlos si quedan cesantes.
Fedesarrollo propone concentrar todos los programas dispersos del Gobierno en una renta mínima, conforme a la edad y el número de miembros de la familia. En pensiones propone tres pilares, uno gratuito y universal, uno contributivo y flexible, y otro basado en el ahorro voluntario, lo que va contra el principio de universalidad. Sugiere eliminar todos los incentivos a la informalidad, subsidiando aún más el régimen contributivo de salud. Agrega que se requiere un seguro al desempleo para los trabajadores que ganen hasta 1,5 salarios mínimos, cubierto por los aportes a las cajas de compensación de los más pudientes. Se deben eliminar las cargas de las cajas de compensación para los trabajadores de salario mínimo y cobrarlas progresivamente hasta llegar al 5 % para los que ganan más de 25 salarios mínimos. Es un hecho que las cajas se han convertido en emporios de la salud (EPS), aseguradoras (ARS) y recaudadores de la seguridad social (Miplanilla y Simple), que deben ser contenidos.
Fedesarrollo concluye que “la combinación de estas reformas en materia laboral y pensional implicaría un aumento del salario disponible para un trabajador que gana un salario mínimo de hasta 13 %, así como una disminución en el costo para la empresa de hasta el 14 %, lo que estimulará la generación del empleo formal”. Son propuestas interesantes que el Gobierno no va a acoger.
