Por: Patricia Lara Salive

Respuesta de la vicepresidenta

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, envió una carta —que por falta de espacio no transcribo completa—, en la que dice que responde las preguntas de mi columna titulada “La mala fe del Gobierno”, donde hablaba de las respuestas torcidas que le dieron a las declaraciones del excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y en la que le pedía que contestaran algunas preguntas, entre otras las hechas por él sobre ¿por qué el Gobierno está haciendo tan poco para cumplir los puntos diseñados para garantizar la no repetición de la violencia?

En su carta, la vicepresidenta no respondió los puntos en concreto, sino que mencionó diez acciones que, según ella, ha impulsado el Gobierno en cumplimiento del Acuerdo de Paz, a saber:

1. “El lanzamiento y vigencia de la política de estabilización ‘paz con legalidad’, para cerrar la brecha urbana-rural”.

2. La culminación de “la etapa de formulación de 14 de los 16 planes de acción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.

3. “En un trabajo conjunto con las comunidades, se han entregado 400 obras PDET de infraestructura comunitaria, relacionadas con salud, vivienda, educación y deporte, que benefician a 76.000 familias de zonas rurales”.

4. “Con una inversión de $247.000 millones, mediante Obras por impuestos” (…) en 2019 41 empresas han ejecutado “42 proyectos en 57 municipios, de los cuales 28 son PDET”.

5. “Pese a que los acuerdos determinaban el mes de agosto de 2019 como fecha final de la figura jurídica transitoria de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización (ETCR), donde están más de 3.000 excombatientes de las Farc con sus familias, el Gobierno Nacional resolvió mantener la atención, la renta básica y las garantías de reincorporación, por el tiempo que sea necesario, a fin de garantizar su vinculación a la vida civil en un marco de legalidad”.

6. “Se han aprobado 24 proyectos productivos colectivos que vinculan a 1.567 personas en proceso de reincorporación con un valor de $17.430 millones. Del total de aprobados, se han desembolsado recursos a 17 proyectos que vinculan a 1.216 excombatientes”, por $12.798 millones.

7. “Se han aprobado y desembolsado 162 proyectos productivos e individuales que benefician a 190 personas”, por $1.479 millones.

8. “Se cuenta con 1.137 personas contratadas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en la ARN se tienen contratados 35 excombatientes”.

9. “Se han vinculado 30.000 familias al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”.

10. “Existen aproximadamente 100.000 personas vinculadas al Programa PNIS. Los campesinos han arrancado de raíz casi 35.000 hectáreas de hoja de coca (…) Este programa transforma en la práctica las condiciones de vida de los campesinos que le apostaron a la legalidad”.

A pesar de su pastoral, la vicepresidenta dejó de responder en concreto estas preguntas: ¿en qué va la implementación de la reforma rural integral? ¿Cuántas hectáreas se han distribuido a los campesinos de los tres millones que, según el Acuerdo, hay que repartir? ¿Cuántas se han formalizado de los siete millones que hay que formalizar? ¿Y cuáles son los resultados en cuanto a la protección efectiva de líderes sociales y excombatientes de las Farc, la cual debería traducirse en ausencia de muertos?

Seguimos esperando que el Gobierno, cuya vocería en este caso la tomó la vicepresidenta, responda en concreto esas preguntas.

Nota. ¡No se pierdan El sendero de la anaconda, de Alessandro Angulo! Es un documental espléndido con una cámara magistral.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

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