EN LA NOCHE DEL LUNES PASADO, en la comunidad La Esperanza, Resguardo de la Montaña, Municipio de Riosucio, Caldas, hombres armados y uniformados de azul y negro sacaron de su casa a Mauricio Largo Bañol, comunero indígena embera chami y lo asesinaron.
En un lugar cercano asesinaron también a Luz Mary Morales. Un poco más tarde, en la comunidad La Florida, mataron a Cesar de Jesús Largo Alarcón y dejaron mal herida a María Angélica Alarcón. Puesta la denuncia ante las autoridades militares y de policía, el cabildo mayor recibió la consabida respuesta: por aquí no hay ya grupos armados. Pero más tarde, ante la insistencia de los indígenas, los militares contestaron sin más: fueron los terroristas de las Farc.
En julio de 2003 en el sitio La Herradura, fue asesinado el candidato indígena a la alcaldía de Riosucio Gabriel Ángel Cartagena con tres comuneros de su movimiento electoral y heridos cuatro más. Un sobreviviente recuerda que la carretera entre la cabecera municipal y Guamal, jurisdicción del resguardo Cañomomo-Lomaprieta donde vivían las víctimas fue cerrada esa tarde por una autoridad no identificada. La legítima dio la explicación de siempre: fue la guerrilla. Pero tres años más tarde, la Fiscalía judicializó a Arcadio Villada, candidato rival de Cartagena del Partido de la U, a Cesar Mejía del grupo paramilitar Cacique Pipintá, y al capitán del Ejército Nacional Jorge Arturo Osorio, todos condenados, e implicó al congresista Ferney Tapasco, ex diputado y presidente del Partido Liberal en Caldas.
La historia puede seguirse hacia atrás: en el sitio La Rueda fueron asesinados Ángel Chaurra, Víctor Lasprilla y Luis Fernando Ladino. En 2000, toda una vereda fue obligada a salir a pie y en la madrugada hacia la cabecera municipal. La quema de ranchos y de cosechas, la desaparición y la tortura de comuneros llevaron a los indígenas a pedir medidas cautelares que rigen desde entonces.
El origen del conflicto es por supuesto la tierra. Los resguardos de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña fueron protocolizados desde 1884 y desde entonces el enfrentamiento con los terratenientes y gamonales no ha cesado. Los señores de la tierra y del poder local argumentan que en la región no hay indígenas sino mestizos y que por tanto el resguardo no es legal. Se basan en el supuesto de que los pobladores son una mezcla entre los descendientes de encomenderos españoles, los empresarios ingleses, franceses y alemanes que vinieron a explotar las minas de oro, y los esclavos negros que sustituyeron a los indígenas cuando esta mano de obra se agotó por floja y “perezosa”.
Por tanto, no hay indígenas. Quienes reclaman la tierra son —dice un panfleto que circuló hace tres meses en Riosucio— simplemente “pícaros”. Entre 1985 y la fecha, los cabildos de la región tienen registrados con cédula 307 asesinatos. Los comuneros afirman que los “pudientes” se reunían en una hacienda Villaluchi en la comunidad de bajo Sevilla para planear con la delincuencia común y con el Cacique Pipintá los asesinatos.
En Marmato, Supía y Quinchia la historia es idéntica. En este último municipio se han denunciado con fecha y hora 12 homicidios y hace tres años hubo allanamientos, redadas y judicialización de más de 100 ciudadanos. Días después los detenidos fueron puestos en libertad.
En carta pública al presidente Uribe los “pudientes” de Riosucio aconsejan al Gobierno: “Como están las cosas aquí, es mejor que se acelere el megaproyecto que tiene el Estado y las multinacionales de convertir a Riosucio, Marmato y Quinchia en un gran distrito minero. Sabemos que la riqueza del subsuelo es del Estado y no de los indios. Y el oro que posee el subsuelo de esta tierra es exuberante”.
Las multinacionales que andan tras las concesiones son Kedahda y la Anglo Gold Ashanti.
La conclusión no puede ser más transparente.
