Por: Julio César Londoño

Se quitaron la tenue máscara

La JEP no se hizo en un día. El de la justicia fue el punto más discutido en La Habana. Les tomó dos años. La pelea entre Iván Márquez y Sergio Jaramillo fue a muerte. Las posiciones eran extremas. Ustedes tienen que entregar las armas e ir a la cárcel, decía Jaramillo. “Nos vamos, pero con unos cuantos generales, cacaos y expresidentes”, respondía Márquez. “Todos en la cama o todos en el suelo. Esto es una negociación, no una rendición”. Al final quedaron todos en la cama, o justicia restaurativa, como la llaman los juristas, porque no había suelo para tanta gente, para los miles de sujetos de ambos bandos que cometieron delitos de lesa humanidad, porque la guerra no se cocina con pecados veniales.

El 2 de octubre de 2016 venció el No y los triunfadores introdujeron decenas de ajustes. Quedó escrito, por ejemplo, que la JEP no juzgaría a los “terceros de buena fe” ni a los expresidentes, ni siquiera a los de comprobada mala fe.

Luego se escogieron, con altísimos estándares académicos, los magistrados de la JEP.

En diciembre de 2017 la Ley Estatutaria fue aprobada por el Congreso y pasó al estudio de la Corte Constitucional, que la declaró exequible el 17 de agosto de 2018. Al tiempo, el Congreso debatía la Ley de Procedimiento, la que legalizaría el funcionamiento de la JEP. Este debate fue larguísimo porque el asunto era complejo y porque la bancada del Centro Democrático se ausentó de la sala siete veces a la hora de las votaciones para romper el quorum.

La noche del domingo 17 de junio de 2018 Duque pronunció su discurso de victoria: “Ni risas ni trizas”, dijo muy serio. Minutos después Paloma Valencia dijo muerta de la risa: “Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el Centro Democrático”.

Tenía razón la bella senadora: el lunes una coalición fuerte (Centro Democrático + Cambio Radical + los conservadores + los pastores) aplazó por enésima vez la votación para aprobar la Ley de Procedimiento: el Centro Democrático lo hizo para dejar en claro que la risa de Paloma iba en serio, y los demás, encabezados por un filipichín goloso, Rodrigo Lara, para exigirle al presidente saliente el raspao de la mermelada.

Finalmente la Ley de Procedimiento fue aprobada por el peso del clamor nacional y la presión de varios tribunales del mundo.

El domingo pasado sucedió lo que todo el mundo esperaba, pero a una escala que nadie imaginó: ¡Duque salió con seis objeciones sobre cosas mil veces juzgadas, como demostró Juanita Goebertus, con un maquillaje de “inconveniencia nacional” que no convenció a nadie!

A no ser que se considere conveniente el grotesco acto de expeler objeciones inconstitucionales, delictivas, incendiarias, mezquinas, carroñeras e históricas.

Van contra la Constitución porque esas objeciones no son políticas ni sociales: solo buscan romper el sistema de contrapesos de nuestra frágil democracia. Son delictivas porque el Senado no puede volver a discutir esos seis puntos sin incurrir en prevaricato, como advirtió el procurador Carrillo. Son históricas porque pueden echar por el suelo el primer tribunal de guerra del mundo construido por consenso de las partes. Son mezquinas porque solo buscan volver a polarizar el país con miras a tener réditos en las elecciones de octubre. Son incendiarias porque pueden aumentar el número de las disidencias de las Farc con consecuencias macabras para la seguridad nacional. Y son carroñeras porque quieren revivir el cadáver de las Farc para seguir nutriendo su sed de guerra. Su sed de sangre.

Para resumir, las objeciones del presidente buscan incendiar nuevamente el país para quemar los expedientes de la última guerra y echar las chispas de la próxima.

Como dijo Sergio Jaramillo, Duque se quitó la máscara.

 

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