Seguimiento necesario

José Roberto Acosta
16 de marzo de 2018 - 08:34 p. m.

Pasados más de dos años de la venta de Isagén, de los $5,6 billones recibidos por la nación sólo $2,5 billones han llegado a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y bajo la riesgosa figura de bonos híbridos.

La FDN ya está metida en la estructuración financiera del cuestionado metro elevado para Bogotá y se espera que ayude al cierre financiero de más proyectos que, como con el corrupto consorcio Navelena-Odebrecht para la navegabilidad del río Magdalena, se han frustrado ante la negativa de los bancos tradicionales de asumir los enormes riesgos financieros de esos proyectos que, en muchos casos, se hacen apenas con la cédula de quienes se ganan con sobornos los contratos de asociación público-privada.

Esta semana, el ministro de Hacienda anunció que a los $3,5 billones con los que actualmente cuenta de capital la FDN se le sumarían $859.000 millones, en los que también aportarían los socios minoritarios, como son la Corporación Andina de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Sumitomo Mitsui, quienes hasta la fecha sólo han arriesgado cerca de $75.000 millones cada uno.

A diferencia del penoso ensayo del Banco Agrario financiando obras de infraestructura, la FDN no puede fallar. Sin embargo, algunos de sus primeros pasos han sido en falso, como por ejemplo el hecho de que su directora de riesgo no tuviera la debida certificación del Autorregulador del Mercado de Valores o que su nómina se expanda sin control, haciéndole incurrir en costos que, ante sus bajos desembolsos hasta la fecha, no le permiten generar el margen suficiente para cubrir el pago de intereses de los riesgosos bonos híbridos al Fondo de Desarrollo que los suscribió, en una operación privada, hace más de un año.

Son muchos los contratistas que, ante la imposibilidad de conseguir el capital para sus obras de su propio bolsillo o por parte de la banca tradicional, podrían estar viendo a la FDN como el “banco marrano” que les ponga el dinero. Dinero público sobre el cual deberán estar muy pendiente la ciudadanía y los órganos de control, para que no se pierda o sea objeto de una sofisticada corrupción técnica a través de elaboradas y complejas operaciones financieras sobre las que después nadie pueda explicar ni responder por ellas. Y ¿qué habrá hecho el Gobierno con el resto del dinero de Isagén?

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