Por: Pascual Gaviria

Sentencia condenatoria

EN LOS ÚLTIMOS 10 MESES ESCRIBÍ dos columnas que intentaban un retrato sumario del ambiente de cuchicheos y declaraciones formales que rodea un proceso penal. Una vista sobre la angustia que preside los pasillos de los palacios de justicia.

Se acusaba a nueve militares del homicidio agravado de un joven de 25 años en uno de los filos de Medellín, cerca del barrio La Sierra. Las versiones de los hechos saltaban del enfrentamiento armado y abatimiento de un miliciano de las Farc a la ejecución extrajudicial de un vendedor ambulante de varitas de incienso y bolsas de basura.

Hace unas semanas se dictó fallo condenatorio contra los nueve militares. Deberán pagar 26 años de cárcel cada uno como coautores del crimen. La sentencia deja algunas lecciones.

En este caso los militares hicieron su trabajo exactamente al revés: se aliaron con una banda de barrio para buscar beneficios mutuos a cambio de la vida de un civil indefenso. Luego de cinco años de proceso se pudo establecer que los militares le habían incautado un fusil a la banda Los Cucas que se dedicaba a extorsiones y robos en el sector de La América. Luego de algunas idas y venidas se llegó a un “pacto de caballeros”: los soldados devolvían el fusil y los pillos les entregaban unos pesos y un “positivo”. Diego Alfonso Ortiz Muñoz, con sus revoloteos de vendedor, sus problemas de drogadicción y su nula pleitesía a los mandones, resultó ser el personaje perfecto para el cruce. Me aventuro a inventar las palabras de Los Cucas para describir a la víctima: “Un chichipato que está es pagando”. Lo montaron a un Mazda blanco con engaños, lo entregaron a los soldados y luego de cuatro horas el pelao apareció tirado en una zona semirrural, con tres tiros propios y una gorra y un changón ajenos.

Una marquilla de Puma desprendida de su camiseta, sin una gota de sangre, recogida por casualidad por un hombre del C.T.I y su linterna, es uno de los hitos del proceso. Sirvió para demostrar un forcejeo previo al homicidio. Y la desproporción del enfrentamiento: 180 disparos de los militares contra tres casquillos del changón. Luego de la prueba de absorción atómica la mano derecha del joven padre de dos hijos no tenía rastros de haber disparado sino restos de plomo, bario y atimonio: los componentes de las varitas aromáticas. La escena mal armada y el rompecabezas chueco de las declaraciones de los soldados terminan por demostrar que el homicidio de un civil con antecedentes de drogadicción y violencia intrafamiliar era algo que no merecía mucha atención. Un teatro apenas mediocre.

La prueba reina la entregó un prestamista gota a gota entre amigo y víctima de Los Cucas. Tres años después, cansado de ver las caras de los hijos de Diego Alfonso Ortiz, decidió contarle a la Fiscalía lo que sus compinches de turras y negocios le habían dicho una tarde de tienda: “Le entregamos ese hijueputa a los soldados y lo mataron y le pusieron un changón esos hijueputas”.

Sólo la suma del valor y la terquedad de algunos logró develar el crimen desmañado de los militares. La familia jugó al detectivismo durante cinco años, la Fiscalía fue firme y convincente, la Procuraduría vigiló con agallas y los jueces buscaron construir una certeza suficiente. El último día de audiencias la mamá de Diego Alfonso maldice con los labios apretados: “Me mataron a mi muchacho, se lo llevaron para allá arriba y me lo mataron estos hijueputas”. Un insulto a cambio de la indemnización que no quiere cobrarles a los asesinos de su hijo.

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