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Vergonzoso el confuso episodio del oficial de Migración que no autorizó el ingreso al país del argentino Juan Grabois, quien venía en una misión observadora de derechos humanos. La excusa no pudo ser más pueril: el extranjero faltó al respeto. Así ocurrió cuando Chávez, incómodo con José Miguel Vivanco, lo expulsó arbitrariamente de Venezuela.
Ese atropello coincidió con el viaje de Marta Lucía Ramírez a los Estados Unidos para apagar incendios. Poco sirvió. Resultó insólita su inicial declaración de que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo podría realizarse luego de que aquí se adelantaran los procesos en curso ante distintas autoridades. Surtida una primera ronda de entrevistas en Washington, la canciller —a quien, entre otras cosas, no se le vio acompañada del embajador Francisco Santos— intempestivamente cambió de discurso, pues afirmó que si de la CIDH querían venir al día siguiente, bien podrían hacerlo.
Alguien debió advertirle a la vicepresidenta que repudiar la visita era una estupidez, en especial invocando la grotesca coartada de que previamente debían terminar unos procesos aquí para salvaguardar la soberanía nacional. Nadie en el Gobierno entiende el alcance de las visitas de la CIDH, negadas curiosamente en aquellos lugares sometidos a regímenes de talante dictatorial como Venezuela, que la Comisión visitó pero desde Cúcuta. La CIDH no viene a un país en condición de juez ni a sustituir su poder judicial, como parecieron entenderlo el Gobierno y algunos de sus abogados áulicos que defendieron la primera postura de la canciller. Como lo explicó la profesora experta en la materia María Clara Galvis, “la CIDH no juzga si Colombia cumplió o no con las investigaciones, sino que coopera con un Estado para ayudarlo a salir de una crisis de derechos humanos”.
Aunque con explicaciones vacuas intenten los agentes del Gobierno y hasta el subpresidente alegar que aquí no hay preocupación con los derechos humanos, sino la represión a unos terroristas bloqueadores e incendiarios, los resultados de los disturbios por las marchas dejan un reguero de abusos policiales, con un crecido número de muertos, heridos y, quién lo creyera, hasta desaparecidos. No podrán tapar el sol con un dedo, ni justificar la incoherencia de la Fuerza Pública para reaccionar ante los desmanes y los vándalos. Muy efectiva contra los marchantes y la población civil, pero bastante lenta e ineficiente para repeler ataques previsibles.
Me refiero al pavoroso incendio del hermoso Palacio de Justicia de Tuluá, que estaba prácticamente anunciado desde el día anterior, sin que a la hora de la agresión hubiesen aparecido el Esmad o el improvisado mandatario del Valle del Cauca, el tempestuoso general Zapateiro, comandante del Ejército. La Corte Suprema de Justicia con razón ha repudiado este acto violento que no tenía por qué suceder en el marco de protestas pacíficas. Si sucedió fue porque las autoridades dejaron desprotegida la sede judicial de Tuluá, como también lo estaban en Buga y Cartago, y como ocurrió en Jamundí. Si el acto criminal se hubiese intentado contra el edifico de la Policía en Tuluá o el batallón Palacé, no habría quedado vivo nadie. Ahora ya empezaron las detenciones indiscriminadas de presuntos sospechosos del ataque aleve, y eso atemoriza porque van y concluyen revocados por los jueces, como los encarcelamientos de los supuestos terroristas del atentado al Centro Andino en Bogotá.
Restan 14 meses para que concluya esta pesadilla que va en ascenso, ahora que Duque se negó a firmar el preacuerdo con los organizadores del paro, pues viene en camino un nuevo proyecto de reforma tributaria que deje felices a los que todo lo tienen porque no tendrán que asumir un sacrificio diferente de vestirse de blanco para marchar en silencio o reclamando que “los buenos somos más”, mientras los desposeídos se mueren de hambre. El libreto está listo: cuando se repitan las protestas, aparecerá la conmoción interior que la derecha y el uribismo —perdón por el pleonasmo— reclaman para asegurar el triunfo electoral en 2022.
Adenda. El hijo de Horacio Serpa, arrodillado al Gobierno que propició la infamia de que se sindicara a su padre de asesino. Insaciable apetito burocrático, oportunismo y falta de carácter: perversa combinación.
