Por: José Fernando Isaza

Sumisión

Las mediciones sobre la confianza de los empresarios y los consumidores siguen arrojando resultados negativos. En otros términos, la mayoría de los ejecutores de la actividad económica son pesimistas sobre el futuro. No es de extrañar en este resultado que el riesgo de una confrontación, no de una guerra, o de un incidente con Venezuela no es un estímulo a la inversión. A lo anterior debe añadirse la política del partido de gobierno de entrabar la implementación del Acuerdo de Paz, que ha incentivado el crecimiento de las disidencias de las Farc. Es difícil que quienes entreguen las armas acepten pasivamente el incumplimiento de lo acordado.

El costo de buscar atajos para eludir los acuerdos pactados de la justicia transicional —piénsese en el desgaste de las objeciones a la JEP— sirve de aliciente a la creciente violencia. Es ingenuo pensar que el incumplimiento de los pactos no tiene ningún impacto sobre el orden público. Qué diferencia entre las elecciones del 2018, cuando el Gobierno era el garante de lo firmado, y las del 2019, cuando los partidos de gobierno eluden acuerdos que comprometen al Estado.

No existe duda sobre el apoyo de Venezuela a los guerrilleros que entran a su territorio, ha sido su práctica durante cerca de un siglo. Tampoco es desconocida la penosa situación humanitaria y la represión política del régimen de Maduro, quien en poco tiempo logró lo impensable: destruir el aparato productivo venezolano. Puede preguntarse si le corresponde a Colombia servir de apoyo a las amenazas de intervención militar de Estados Unidos. Es casi impensable una confrontación armada con Venezuela, pero se está jugando peligrosamente y cualquier incidente tendría consecuencias dolorosas para ambos países.

Cuando se creía que las relaciones con Cuba estaban normalizándose, parece que el aire en Nueva York y Miami hubiera afectado al presidente Duque. No satisfecho con estimular la confrontación interna y externa, reabre un nuevo frente al amenazar a Cuba con el rompimiento de las relaciones si no le entrega a los negociadores del Eln. Se olvida de que hay un protocolo firmado por el Gobierno de Colombia, con Noruega y Cuba como garantes, en el que se establece que en caso de rompimiento de las negociaciones entre el Gobierno y el Eln los negociadores volverían al país protegidos durante unos días por los países garantes, luego el Ejército estaría en libertad de perseguirlos. Parece que el Gobierno, para complacer a Trump, quiere ayudarlo a golpear a Cuba, acusándola de ser refugio de terroristas.

Durante más de un año Estados Unidos estuvo negociando con los talibanes en Doha, capital de Qatar. Prueba reina de que se negocia con el enemigo así sean terroristas. Las negociaciones estaban a punto de concluir y se iban a firmar unos acuerdos en Camp David, los terroristas iban a ser invitados a una residencia oficial del presidente norteamericano. En agosto del 2019 un ataque de los talibanes en Afganistán cobró la vida de varios civiles y de un soldado norteamericano. Se suspendieron las negociaciones. Algunos de los talibanes siguen en Qatar y otros han regresado a Afganistán. Estados Unidos no ha solicitado su extradición, nadie negociaría bajo esta eventualidad, ni ha acusado a Qatar de ser un refugio de terroristas. El presidente Duque quiere parecer más intransigente que Trump, pero lo que está logrando es la desconfianza de la comunidad internacional.

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