Por: Carolina Botero Cabrera

Tecnología para la lucha contra la pobreza, a revisión

Escribo esta columna el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y lo hago para hablarles del informe del relator de las Naciones Unidas en temas de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston. El informe publicado esta semana habla del uso de tecnologías en el Estado de bienestar, llamando la atención sobre la forma como se despliega la tecnología para el cumplimiento de fines sociales.

Alston afirma que muy poca atención se ha puesto sobre la forma como las nuevas tecnologías pueden transformar el Estado de bienestar para hacerlo mejor, para asegurar una mejor calidad de vida para la población vulnerable, o para buscar nuevas maneras de cuidar o ayudar a las personas a encontrar empleo, por ejemplo. Indica Alston que, por el contrario, la obsesión de la política ha estado en usar tecnología contra el fraude, para disminuir costos, vinculada con las sanciones o para trabajar en expresiones que el mercado usa ligadas con procesos de eficiencia. El informe cuestiona que estemos realmente en el camino de la revolución del Estado de bienestar digital.

En su investigación, el relator identificó seis usos preeminentes de tecnologías digitales en el Estado de bienestar: (a) la verificación de la identidad, (b) la evaluación de elegibilidad para los subsidios, (c) el cálculo y pago de beneficios sociales, (d) la prevención y detección de fraude, (e) el cálculo de riesgo y determinación de necesidades, y (f) la comunicación entre el Estado y los beneficiarios.

El informe trae varios ejemplos, pero no habla de Colombia en concreto. En Karisma —donde trabajo—, analizamos, por ejemplo, las iniciativas de identificación biométrica que se han desarrollado en el país. En esta investigación mapeamos la evolución de nuestro sistema nacional de identificación (la cédula), la base de datos de huellas de la Registraduría Nacional, los planes de reconocimiento facial y el sistema Biomig de Migración Colombia, que usa el iris para que los nacionales hagamos el ingreso automático al país y, entre otras cosas, hacer efectivas órdenes de captura pendientes a nivel nacional o internacional. Más recientemente, estamos interesados en los planes que se están barajando para los migrantes venezolanos y las promesas de la cuarta versión del Sisbén —que terminaría encajando en varias de las categorías de Alston—.

De los análisis que vamos haciendo, concluimos que hay varios problemas en la forma como estas tecnologías se despliegan en el país. Primero, no se incorporan a través de una ley, es decir, se implementan como soluciones tecnológicas que no necesitan pasar por el Congreso y, por tanto, se evita su discusión más amplia y democrática. Usualmente, esto hace que los procesos sean poco transparentes. Segundo, su despliegue se hace por empresas privadas a las que se termina delegando ampliamente lo que bajo otras circunstancias sería responsabilidad del Estado y a las que se entregan datos sensibles con pocos o ningún mecanismo de control. Tercero, no se definen en forma precisa el objetivo y la forma como la tecnología enfrenta el problema que dice resolver, dificultando el seguimiento y evaluación. Tampoco se toman medidas que permitan abordar riesgos ya conocidos como la discriminación, mucho menos se tienen análisis de impacto de derechos humanos. Por último, es frecuente que estas soluciones no incorporen la realidad de países como el nuestro donde hay importantes deficiencias en el acceso y apropiación de tecnología, especialmente para la población más vulnerable.

Este diagnóstico que hicimos en lo local, tan solo en temas de identificación, es parecido a la serie de elementos que Alston identificó como aquellos que los Estados deben considerar al desplegar tecnologías para la protección social en cualquiera de sus formas de uso. Para Alston los Estados deben: (a) tomar los derechos humanos seriamente en la regulación, (b) asegurar que las iniciativas se desplieguen en leyes, (c) promover la equidad digital, (d) proteger los derechos económicos y sociales del Estado de bienestar, (e) proteger los derechos civiles y políticos del Estado de bienestar, (f) resistir la inevitabilidad de un futuro solamente digital, (g) prestar atención al rol del sector privado y tener un rol más activo, y (h) desarrollar mecanismos de rendición de cuentas.

Al análisis de Alston agregaría que el desafío más grande para la incorporación de tecnologías para el Estado de bienestar está en países en desarrollo. En este caso, la obsesión por entregar los beneficios solo a los individuos que el Estado defina como vulnerables aduciendo la falta de recursos ha llevado a confiar en la tecnología ciegamente. Precisamente, la debilidad institucional hace que la tecnología se presente como solución mágica y los riesgos que él identifica con el sector privado adquieran su propia dimensión por la acelerada privatización de los servicios públicos.

Es un informe de gran actualidad y que merece leerse como una invitación a la reflexión para enfrentar estos procesos desde sus desventajas. El propio Alston reconoce que una crítica al informe es que está desbalanceado porque se enfoca en los riesgos y deja de lado las muchas ventajas que potencialmente puede ofrecer la incorporación de tecnología en un Estado de bienestar digital. Sin embargo, ese es el principal valor de este informe y, en estos tiempos donde se cree que la solución a problemas estructurales llega con tecnología, parece un llamado de atención muy pertinente.

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2019-10-18T00:00:41-05:00

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