¿El terror como forma de gobierno?

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El secuestro y la violación de la niña indígena embera katio, en Risaralda, por parte de un grupo de soldados del Batallón San Mateo, y el secuestro y la violación de la niña indígena de la comunidad nukak makú, a manos de un grupo de integrantes del Batallón de Infantería Joaquín París, en el Guavire, así como otros episodios de violencia e intimidación sobre comunidades del campo, no se pueden interpretar como hechos aislados. Ha sido una práctica de años atrás, pero que en los últimos tiempos parece volverse habitual.

Pocos meses después de posesionarse, en diciembre del 2018, Iván Duque y su partido cambiaron la cúpula militar. Según un informe de Human Rights Watch (HRW), de febrero del 2019: «El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos claves del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos». Y a renglón seguido el director de HRW, José Manuel Vivanco, dijo proféticamente: «Al nombrar a esos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar».

Semanas atrás, recién ganaron las elecciones, dos de los principales escuderos de Álvaro Uribe se dedicaron a denigrar de la cúpula militar que había logrado un gran triunfo: acompañar al país en un proceso de paz que, como claro resultado, mostraba con orgullo que en las instalaciones del Hospital Militar llegó a no existir un solo herido de guerra. José Obdulio Gaviria los llamó «generales enmermelados» y María Fernanda Cabal afirmó que los sacarían por «genuflexos e inservibles». Así mismo, el general (r.) Leonardo Barrera, quien había salido de su cargo por actuaciones no éticas, y quien fue nombrado para el empalme gubernamental, anunció «Prepárense, porque vuelve la guerra».

Vino luego la directriz del entonces comandante de las Fuerzas Militares, Nicasio Martínez, que en la practica revivió el modus operandi de los mal llamados “falsos positivos”, dentro del cual, durante el gobierno de Uribe, los militares asesinaron a miles de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Dicha directriz produjo que en el 2019 comenzaran de nuevo los asesinatos por parte del Ejército y causó profundas divisiones al interior de las Fuerzas Militares, pues oficiales honestos se oponen a una nueva guerra contra la población civil, tal como lo relató el New York Times.

En lugar de corregir estas prácticas, continuaron desarrollando acciones ilegales. Una investigación mostró el espionaje desde unidades militares a más de 130 personas, entre periodistas, incluidos corresponsales estadounidenses, y líderes políticos, utilizando para ello recursos aportados por una agencia de inteligencia de Estados Unidos, tal como lo señaló el diario El País, de España. Sobre las consecuencias que trajo dicha investigación, dice el periódico La Diaria, del Uruguay: «La más reciente fue la decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia… de abrir una investigación preliminar contra el expresidente y actual senador colombiano Álvaro Uribe “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019″, según informó el tribunal».

En forma simultánea ocurre “la cacería de brujas” dentro del mismo Ejército contra altos mandos que se han atrevido a denunciar diversos delitos que se cometen al interior de las Fuerzas Militares, tal como lo reveló la revista Semana.

Queda también en la memoria la noche de terror que buscaron crear el 21 de noviembre del 2019 cuando, de nuevo José Obdulio y Cabal, a través de sus cuentas de twitter, propagaron rumores para despertar pánico, contando además con la participación de brigadas de civil que corrían y gritaban en zonas de Cali y Bogotá, y quienes se desplazaban en vehículos militares. Una jornada de miedo promovida con el fin de sabotear el Paro Nacional que se inició en aquella fecha.

A todo lo anterior se suma el incremento exponencial del asesinato de líderes populares y exguerrilleros, muchas veces en zonas donde hay control del Ejército, sin que los militares eviten los crímenes y sin que el gobierno actúe para frenar este nuevo genocidio. Y viene una pregunta adicional: ¿quiénes o qué entidades tienen la información precisa de dónde se encuentran ubicados los exguerrilleros y los líderes populares para irlos aniquilando en forma sistemática?

Otras preguntas: ¿Responden estos hechos a una estrategia que el partido de gobierno busca instaurar como política de Estado, dentro de la cual las Fuerzas Armadas controlan a la población civil a través del terror? ¿Esta concepción corresponde al regreso del uribismo al poder y a su afán de imponer a como de lugar una especie de dictadura civil?

Se une a lo ya descrito una serie de acciones planificadas, que comprende periódicas campañas masivas de desinformación para debilitar a la justicia, con el fin de salvar a líderes del uribismo y a sus aliados implicados en corrupción y crímenes; hacerse con el manejo de los mecanismos de control del Estado, mediante alianzas clientelistas con idiotas útiles; neutralizar la labor fiscalizadora de los medios de comunicación, y lograr acabar con la protesta y la movilización de la sociedad civil. En últimas, se trata de revivir la Doctrina de la Seguridad Nacional, dentro de la cual todo opositor, y la población civil en general, es considerado como un “enemigo interno”, al que hay que combatir sin tener en cuentan ningún límite legal. De esta forma, el partido de gobierno parece avanzar en el camino de instaurar el Terrorismo de Estado, y aprovecha además la pandemia para expedir decretos económicos de corte autoritario, tal como lo señala Salomón Kalmanovitz.

Mientras tanto, empresarios democráticos y la sociedad civil parecen dormidos, y diversos sectores de oposición, partidos de centro e izquierda, se trenzan en disputas de egos que enrarecen más el ambiente y permiten a quienes manejan las riendas del autoritarismo consolidar su estrategia de terror y desinformación. Sí no se reacciona pronto, luego puede ser tarde.

* Escritor, periodista y editor, autor entre otros libros de «A pesar de la noche» (Ícono, 2017) y «Los niños de la guerra, quince años después» (Aguilar, 2016). Fue director de las revistas «Número» y «Gaceta», y editor del «Magazín Dominical» de El Espectador. Dirige El Ala de Arriba.

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