Timo

Al momento de escribir esta columna, la información de la reforma tributaria es el documento de Carrasquilla “Solidaridad sostenible”. La estrategia del Gobierno para “ambientarla” en la opinión pública ha sido recurrir más al temor que al convencimiento. Minhacienda afirma que solo habrá caja en la Tesorería Nacional por seis semanas más. Esta noticia catastrófica podría ser cierta si no ingresara un peso más a las arcas del Estado, pero se siguen cobrando el IVA y los aranceles, se empezaron a recaudar los impuestos de los grandes contribuyentes, se están monetizando los dólares y recibiendo las utilidades del Banco de la República. Tales declaraciones hubieran provocado pánico económico, pero no sucedió así, pues los analistas saben que las frases oficiales no son confiables.

Más graves son las amenazas en el sentido de que, si no se aprueba la reforma tributaria, se suprimirán los precarios programas de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Más responsable, humano y sensato sería decir que no gastarían $14 billones de los ingresos en la compra de aviones de guerra, o que se suprimirían los gastos, esos sí sustanciosos, para mejorar la imagen del presidente, o renunciar a gastos de $300.000 millones en un noticiero oficial, como si los áulicos privados no fueran suficientes. Cifras similares se anuncian para contratos que mejoren la imagen de las Fuerzas Armadas, pero la imagen se mejora cuando ajustan estrictamente su accionar en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. La desmovilización del 90 % de las Farc debiera conllevar a un ajuste de efectivos del Ejército, una reducción de este y un aumento en la Policía, con cero tolerancia a la brutalidad policial. La escalada retórica con agresiones mutuas entre Colombia y Venezuela es un excelente pretexto para aumentar el gasto militar, que en proporción al PIB es el doble del de la comunidad europea (incluyendo los gastos de la OTAN). La sociedad no traga entero y el mensaje amenazante lo entiende así: “Si no hay ley de reforma, pobre de los pobres, pero no reduciremos los gastos con miras a las elecciones del 2022”.

El sector “malo” del Gobierno anuncia que gravarán con el 19 % el café, el chocolate y el azúcar por no ser productos indispensables en la canasta familiar. El sector “bueno” del Gobierno rechaza esta propuesta, afirmando que se mantendrán las tarifas. El sector “avispado” del Ejecutivo encontró una fórmula opaca para aumentar los impuestos a estos y otros productos básicos. Algo así como sin querer queriendo. El café en grano, los cárnicos y la leche no tienen IVA, son exentos, pero como hay procesos intermedios que pagan IVA, puede descontarse el IVA pagado. Hay otro grupo de productos que no pagan IVA, que se clasifican como excluidos; en este caso no pueden pedir devolución del IVA pagado en etapas previas. En un renglón el minhacienda escribe que “se elimina la categoría de exentos, excepto para las exportaciones”. ¡Bingo!

Con respecto a la propuesta de gravar las pensiones, es conveniente recalcar que el Acto Legislativo 01 del 2005 dice: “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones, ordenada de acuerdo a la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de pensiones reconocidas conforme a derecho”.

¿El Gobierno se embarcará en una reforma constitucional?