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No cumplimos bien con la educación obligatoria (de 5 a 15 años de edad) y vamos a privilegiar el gasto en la no obligatoria.
Sin entrar todavía en el debate de fundamentos sobre reforma tributaria y proyecto de sociedad, una observación relacionada: es un error grandísimo priorizar el nuevo gasto social en la educación superior en lugar de la educación inicial y básica.
El proyecto contempla “la asignación de mayores recursos para la educación, con el objetivo de ampliar los subsidios a la matrícula de instituciones de educación terciaria pública para grupos vulnerables, y el fortalecimiento del programa Generación E” (“un costo fiscal de 0,02pp del PIB a partir de 2022”).
Es difícil hallar la racionalidad de esta medida en términos constitucionales, de equidad, de sostenibilidad, políticos e ideológicos.
El artículo 67 de la Constitución de 1991 dice: “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”.
La exposición de motivos hace un “diagnóstico del sistema de educación superior del país” y no de toda la educación, pero aquí van las tasas de asistencia escolar hasta antes de la pandemia por rangos de edad: 3 y 4 años, 25%; 5 años, 85%; 6 a 10, 95%; 11 a 14, 97%; 15 y 16, 87%. ¿Qué dicen los datos?
Que teníamos sin atención escolar a un grupo significativo de niños (de 5 años) y a otro de adolescentes (de 15 años), en estrictos términos de la Constitución. Si extendiéramos la educación obligatoria desde los 3 años hasta los 18, como estamos en mora de hacerlo en la misma Carta Magna, nuestro cumplimiento como sociedad sería peor (prácticamente no tenemos preescolar).
Veníamos con agudos problemas de calidad educativa y estamos viviendo el desastre escolar por la pandemia, con el mayor impacto en la niñez, y lo que se nos ocurre es mayor gasto social en la educación superior, en medio de una situación fiscal crítica. Si no lo fuera, en todo caso primero irían los niños.
La exposición de motivos de la reforma tributaria justifica la decisión por los efectos económicos de ampliar la cobertura en educación terciaria. La solución, sin embargo, podría ser distinta: i) lograr que se ofrezcan muchos más cupos con el gasto actual en educación superior, lo que implica una reforma seria del subsector; y ii) implementar la gratuidad diferenciada con compromiso de solidaridad intergeneracional, es decir, un pacto social y fiscal con la juventud para un retorno hacia la sociedad de una fracción razonable de los rendimientos privados de la educación superior.
Sí, suena más complicado de lograr que la “gratuidad hasta que alcance la plata”, pero la política debería ser algo más que sacar dinero de unos bolsillos para mandarlo a otros, con un ojo puesto en las próximas elecciones.
En el Pacto por la Equidad del Plan de Desarrollo 2028-2022 está “Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia”. Sorprendería que el presidente Duque ya no crea en eso.
Y en cuanto a las razones políticas sería todavía más sorprendente: creer que con esta concesión cambiará la opinión de la mayoría de la juventud universitaria es haber analizado muy poco la realidad y/o pensar con el deseo.
