Por: Leonardo Fabio Martínez Pérez

Un balance sobre el cumplimiento de los acuerdos por la educación superior pública

Ayer 10 de octubre se cumplió un año de haber iniciado las masivas movilizaciones en defensa de la educación superior pública. Estas lograron el reconocimiento de toda la sociedad y el apoyo de muchos sectores para conseguir recursos adicionales para las instituciones de educación superior públicas, que posibilitarán su sostenibilidad y calidad a corto plazo. Fruto de este proceso, el 14 de diciembre del año pasado se firmó un acuerdo histórico entre las plataformas estudiantiles y profesorales y el Gobierno Nacional.

A partir de esta firma, en 2019 se instaló la Mesa Nacional de Diálogo por la Educación Superior y se han realizado cerca de 62 encuentros que incluyen reuniones técnicas de derechos humanos, de ICETEX y de regalías, en las cuales se destacan 6 encuentros de la Mesa Nacional que, de forma sistemática, han dado sus frutos en la implementación del acuerdo. Además de esos encuentros de la Mesa Nacional, el Sistema Universitario Estatal - SUE ha realizado mesas técnicas con el Ministerio de Educación Nacional orientadas a establecer el modelo de distribución más pertinente para los recursos de funcionamiento e inversión.

Por un lado, el modelo para los recursos de funcionamiento se basó en dos principios: la equidad y la calidad en términos del fortalecimiento de las instituciones de educación superior, buscando la disminución de brechas en el país. De acuerdo con este, la distribución de los recursos de funcionamiento se realizó con 2,5 puntos adjudicados conforme a la asignación histórica teniendo en cuenta el tamaño, la calidad de las universidades y 1 punto para disminución de brechas. Una vez acordados los criterios y afinado el modelo por parte del Ministerio de Educación Nacional con aspectos técnicos, se realizó la disposición de estos recursos, los cuales ya llegaron a la base presupuestal de las Universidades para atender las necesidades de funcionamiento en el 2019 y que en conjunto suman $107.530 millones de pesos.

Por otro lado, para el modelo de distribución de los recursos de inversión, se tomó en cuenta la experiencia exitosa de los Planes de Fomento a la Calidad, que contribuyeron, en su momento, con el manejo de los recursos CREE. Este modelo se perfeccionó contemplando temas de acreditación institucional, investigación, bienestar universitario, orientados a lo que la Mesa Nacional de Diálogo había planteado para fortalecer los programas de pregrado.

En coherencia con este sistema se realizó la asignación de recursos de inversión en las universidades, de acuerdo a los Planes de Fomento a la Calidad, que fueron aprobados por los Consejos Superiores Universitarios en el marco de la autonomía universitaria. A partir de este modelo se distribuyeron entre las universidades $75.000 millones de pesos para el 2019, pues los $25.000 millones restantes de los $100.000 asignados fueron distribuidos entre las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas. Los recursos de pasivos y de excedentes de cooperativas también atendieron a un plan de distribución sólidamente consolidado y las universidades estarán recibiendo en el mes de octubre dichos recursos que están en el orden de $195.000 millones para el primer aspecto y $25.233 millones para el segundo aspecto. En total se registran $427.763 millones de recursos adicionales para la vigencia 2019.

Los datos evidencian cumplimiento en gran parte del acuerdo en 2019, así como el compromiso de las plataformas estudiantiles y profesorales, del Sistema Universitario Estatal - SUE, de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas - REDTTU y del Gobierno Nacional, como parte de este gran acuerdo por la sostenibilidad financiera de la Educación Superior Pública del país.

Sin embargo, en este proceso se han presentado algunas dificultades y diferencias relacionadas con el tema de los saldos presupuestales que contempla el acuerdo. Se ha discutido sobre la reforma integral a ICETEX en materia de gobernanza, estructura y características de su portafolio de servicios y fuentes de financiación, y se ha avanzado en la reforma del proyecto constitucional del tema de regalías, para que las universidades puedan tener la posibilidad de acceder a este recurso. El Sistema Universitario Estatal - SUE participó y mandó comunicaciones a congresistas para que no se retirara el 10 % de estos recursos destinados a los programas de ciencia, tecnología e innovación, los cuales han permitido fomentar alianzas estratégicas en las distintas regiones del país, entre universidades, centros de investigación, entes territoriales y sector productivo.

En los últimos días, también se han manifestado importantes inquietudes frente a las confrontaciones que se han producido entre manifestantes y la fuerza pública, siendo preocupante el exceso de la fuerza presentado en las mismas y evidenciando la necesidad de dar cumplimiento a las garantías del acuerdo que consignan el derecho a la manifestación pacífica y pública expresado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.

La discusión más álgida a corto plazo está relacionada con la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que sería la respuesta a las dificultades estructurales de la sostenibilidad financiera de las universidades públicas a mediano plazo. La propuesta de proyecto que fue presentado al Congreso de la República para tal reforma genera controversias, pues no refiere de manera específica un aumento de la transferencia de los recursos de la Nación con base en el IPC, que de acuerdo con estudios de expertos pertenecientes al Sistema Universitario Estatal – SUE debería estar por lo menos seis puntos por encima. Sin embargo, este proyecto no tiene claridad sobre cómo serían los nuevos recursos que tendrían las universidades en su base presupuestal, que es en donde está la mayor dificultad. Adicionalmente, condiciona dicho recurso al aumento de la cobertura, lo cual ha sido cuestionado en el pasado, pues implicaría un compromiso de ampliación de cobertura con una asignación de recursos incierta, que como consecuencia generaría más problemas, como ocurrió entre el 2004 y el 2017 cuando las universidades públicas ampliaron su cobertura de estudiantes de pregrado en 57,9% y de posgrado en 184,8% sin contar con recursos adicionales a la base presupuestal.

En virtud de los acuerdos construidos como fruto de la movilización masiva de diferentes sectores sociales, en favor de condiciones dignas y de calidad para la educación superior pública del país, vale la pena hacer nuevamente un llamado para la construcción de un proyecto de ley que reconozca y subsane las dificultades presupuestales que se han presentado en los últimos 25 años, y que permita el sostenimiento y la proyección de la Educación Superior Pública como un derecho de todos los colombianos. Para este punto debe considerarse la propuesta que presente la Mesa Nacional de Diálogo, pues en el acuerdo así fue contemplado.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

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