Un gobierno al filo de la legalidad

Dewayne “Lee” Johnson es un jardinero californiano que padece de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer de difícil tratamiento. En agosto de 2018 una corte en San Francisco, California, halló pruebas suficientes para asociar el cáncer de Johnson con Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo y con el que Johnson había estado constantemente en contacto por su trabajo. La compañía productora del Roundup, Monsanto (hoy Bayer, debido a la compra de Monsanto aquel mismo año), fue condenada a pagarle a Johnson 289 millones de dólares como indemnización por no haber advertido a los consumidores que su producto podía ser cancerígeno. Bayer apeló y volvió a perder, logrando, eso sí, bajar el monto de la indemnización a 78 millones.

En 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, instituto adscrito a la Organización Mundial de la Salud, había clasificado el ingrediente activo del Roundup en su categoría 2A, “probablemente cancerígeno para humanos”. A partir de tan serio precedente se generó una avalancha de demandas y reclamaciones judiciales alrededor del mundo. El de Johnson fue el primero de los más de 40.000 casos litigiosos presentados desde 2015 en llegar a juicio. Desde entonces, por lo menos otros tres han llegado a la misma instancia y siempre con el mismo resultado: una millonaria condena en contra de Bayer.

Roundup es el nombre comercial con el cual Monsanto/Bayer vende desde 1974 el glifosato. Éste a su vez fue descubierto en sus laboratorios en 1970 y desde entonces ha sido el producto estrella de la empresa, transformándola en una de las multinacionales de insumos agrícolas más grandes y conocidas del planeta. La compañía siempre ha sostenido que el glifosato no causa ningún efecto adverso para la salud humana, a pesar de que las evidencias que demuestran lo contrario siguen acumulándose año tras año y que han llevado, entre otras consecuencias, a que Francia haya prohibido el uso de Roundup desde 2019 con la meta de liberar al país de glifosato para 2021.

Al día de hoy es tan grave la situación que enfrenta Bayer por el escándalo del glifosato, que en junio de este año negoció colectivamente en más de 9 billones de dólares las más de 100.000 demandas que hasta la fecha había presentadas por razón de la asociación entre cáncer y glifosato, dejando incluso 1,5 billones adicionales para cubrir los valores de futuras reclamaciones.

¿Cuánto tiempo pasará para que la bola de nieve del escándalo llegue a Colombia? ¿Ya tendrá calculado este Gobierno el monto de las billonarias demandas que enfrentará la nación en unos años cuando la mentira de la inocuidad del glifosato se destape de una vez por todas, al igual que ha ocurrido con otros negocios marginales, legalmente sostenidos a pesar de su ilegitimidad, como el del asbesto y el de los aditivos con plomo para combustibles?

Este gobierno se ha especializado en caminar por la cornisa de una legalidad marginal, de frontera, que frágilmente lo blinda en su actuar. Pero no todo lo legal es legítimo ni todo lo legítimo es legal. Además de la inconcebible insistencia con el glifosato, tanto el fracking como el negocio de venta de aletas de tiburón son ejemplos no solo de una rotunda falta de visión a futuro, sino de una completa desconexión frente a los temores y los anhelos de la sociedad a la que se gobierna, y de las tendencias y avances del mundo al cual se dice pertenecer.

P.D. Desde hace ya años existen varias cepas de coca resistentes al glifosato…

@Los_Atalayas, atalaya.espectador@gmail.com