Un peso de por vida

Por Juliana Pungiluppi*

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), una de cada seis adolescentes ya es madre o está embarazada de su primer hijo. Diariamente nacen aproximadamente 16 hijos/as de niñas menores de 14 años. Según datos de Notariado y Registro, sólo entre 2016 y 2017 se registraron 470 matrimonios civiles de niñas menores de edad.

Las uniones tempranas modifican la trayectoria de vida de las niñas y adolescentes: abandonan la escuela, lo que se traduce en menos oportunidades laborales, mayor dependencia económica y menor movilidad social. En resumen: una trampa de pobreza. Pero la ironía es que existen normas sociales y creencias que no sólo aceptan la unión temprana, sino que la consideran deseable para superar dificultades y tener “una mejor vida”.

El matrimonio infantil y las uniones tempranas, a su vez, aumentan no sólo el riesgo de los embarazos en la infancia y en la adolescencia, sino también el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, como resultado de un inicio temprano y/o forzado de las relaciones sexuales.

El Plan de Desarrollo propone la construcción de un nuevo Conpes para la prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia retomando las lecciones aprendidas del Conpes 147 de 2012. Se espera contar con una política con enfoque rural y étnico, que incorpore elementos para la prevención de las violencias basadas en género como la violencia sexual, las uniones tempranas y la mutilación genital femenina. La meta es reducir la tasa actual, que viene en descenso, de 17,4 a 15,2.

La política comprometerá al Ministerio de Educación, para que fortalezca la promoción de derechos sexuales y reproductivos en el marco del programa de Educación Integral para la Sexualidad; al Ministerio de Salud, para que promueva el acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva, incluyendo los métodos anticonceptivos, y la atención en los Servicios de Salud Amigables para Jóvenes y Adolescentes; y al ICBF, para que promueva los derechos sexuales y reproductivos en contextos no educativos, contribuya a la transformación de imaginarios que acentúan roles desiguales de género y para que brinde a los adolescentes y jóvenes oportunidades para que el embarazo no sea la respuesta a sus dificultades.

Además de estas funciones, en el Plan de Desarrollo se hizo énfasis en fortalecer la judicialización de los casos. En este sentido, se establecerán mecanismos para que el sector salud reporte los embarazos de menores de 14 años a la Fiscalía pues son tipificados como abuso sexual.

El ICBF creará un programa especial para prevención de embarazo, que le permitirá contratar operadores especializados que puedan implementar proyectos para prevenir el embarazo subsiguiente. En esta línea, por ejemplo, apoyará el trabajo de fundaciones de talla mundial como la Juan Fe en Cartagena.

Para abordar la problemática en los contextos más apartados, Colombia será uno de los cinco países que el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) seleccionó para implementar un piloto, junto a Irán, Ghana, Malawi y Etiopía, de educación sexual en espacios no escolarizados.

La Política Nacional de Infancia y Adolescencia, liderada desde el ICBF, seguirá abordando la problemática del embarazo adolescente de una manera integral, territorial y, sobre todo, abordando los factores económicos y culturales que lo originan y perpetúan.

No hay soluciones mágicas. El monitoreo y la evaluación deben ser la norma para que primen los enfoques basados en los derechos y en la evidencia. Todo el Estado y la sociedad debemos estar volcados a evitar que nuestras niñas y adolescentes carguen con ese peso. Porque es un peso de por vida.

* Directora general del ICBF.