Por: Andrés Hoyos

Un remedio para la inequidad

Aparte de que el remedio que aquí propongo sería más viable en un gobierno reformista de centro que en el de Duque, sospecho que los economistas ortodoxos del país, si es que se pronuncian, van a gritar ¡foul!, ¡antitécnico!, y demás bellezas cauterizantes. Será aguantar el chaparrón.

La idea es sencilla. Mientras el coeficiente Gini de Colombia (1 es la desigualdad total, 0 la igualdad total) esté por encima de 0,4 —hoy todavía está por encima de 0,5—, es necesario, justo y viable cobrar un impuesto a la riqueza. Lo pagarían las personas, con tasas crecientes pero no confiscatorias, y en una medida mucho menor las empresas, sobre todo aquellas cuyos socios no tributan en el país. El principio de cobrar más impuestos a las personas que a las empresas se aplica con éxito en algunos de los países más igualitarios del mundo.

La totalidad de lo recaudado se invertiría en las diversas modalidades de la educación pública, sin redireccionar nada a otras actividades y como una clara adición a lo que ya se destina al rubro. ¿La razón? Que una educación pública de calidad, bien enfocada y bien gestionada, es el mejor remedio que se conoce para la inequidad, es decir, para bajar el alto Gini del país. Aquí habría que agregar que “educación pública” se define como aquella pagada o subsidiada por el Estado. Según eso, Ser Pilo Paga (SPP) hace parte de la educación pública.

Supongo que a muchos lectores no se les escapa el simbolismo implícito en este asunto. Desde la primera administración de Uribe se cobró un impuesto a la riqueza, el cual fue dedicado a ganar la guerra contra las Farc. Pues bien, ahora es posible ganar otra guerra: la guerra contra la inequidad.

La propuesta también tiene que ver con el populismo de izquierda que acaba de obtener 4,8 millones de votos propios en 1ª vuelta y más de ocho millones en alianza con sectores de centro en 2ª vuelta. La idea se puede formular a manera de advertencia: si el Establecimiento del país cree que el incendio del populismo se previene haciendo concesiones diminutas, tal vez se merezca una paliza como la que AMLO acaba de propinarles a sus pares en México. Otra forma de verlo sería decir que este tipo de políticas se pueden entender como un seguro o una vacuna para prevenir males peores.

Aunque la educación básica es crucial, pensemos por un momento en la superior. A la UNAL, la principal universidad pública del país, en 2016 aplicaron 70.729 estudiantes para llenar 5.500 cupos, o sea que entró el 7,8 % de los aspirantes, un porcentaje ridículo. Hay que multiplicar esta universidad, junto con sus sedes, por dos en seis o siete años y por tres en diez o 12 años. Claro, resulta impráctico esperar hasta que las nuevas instalaciones y los nuevos docentes estén listos, de suerte que programas como SPP, que usan infraestructuras existentes, son doblemente válidos.

Cabe advertir que no se debería invertir nada sin exigir una estricta rendición de cuentas. La noción de que la actividad del Estado tiene una especie de patente de corso para ser mediocre e ineficiente es irresponsable. También es esencial erradicar la violencia de las universidades públicas. Autonomía universitaria no significa que el Código Penal deja de aplicar en los campus. Quien recurra a la violencia debe ser procesado, esté donde esté en el territorio nacional.

En fin, el centro debe desarrollar propuestas por el estilo de esta para que le dejen de decir tibio e indefinido.

andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes

 

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