Por: María Teresa Ronderos

Una economía pulverizada

En Caracas la gente camina. Quedan pocos buses de transporte público y carros en circulación por la falta de repuestos y porque 3,3 millones de personas se fueron. Pocos se andan en bicicleta, pues temen que se las roben. La gente se acerca lo más que puede al trabajo en el metro —al que le restan pocos vagones servibles— y después sólo queda andar, dos, tres horas cada día para llegar.

Por eso la ciudad se siente vacía, casi apacible, con sus enormes árboles de mango, sus calles anchas y un aire que se puede respirar. Pero es una ilusión de tranquilidad. Basta mirar con cuidado las fachadas desteñidas de los edificios, los locales cerrados, las caras de la gente.

¿Cómo hacen para seguir? El salario mínimo —fijado en 40.000 bolívares cuando allí a mitad de mayo— alcanza para un kilo de harina-pan y otro de pasta, me dice un vendedor de la calle. Ya desde agosto de 2017, con un salario mínimo una familia apenas si podría comprar 6.132 calorías diarias, la mitad de las necesarias para sobrevivir. El 22 % de los niños están retrasados en su crecimiento por el hambre.

“Es un colapso económico de proporciones históricas —dijo el profesor Steven Levitsky a ReVista, de la Universidad de Harvard—, peor que el de la Gran Depresión de los años 30 y el de la República del Weimar”.

No es una teoría. Cada venezolano lo siente. Una profesora perdió a su marido, quizá prematuramente, por las dificultades en conseguir su medicina. Su salario universitario se pulverizó. Hoy equivale a 20 dólares. Nada. Le alcanza para dos o tres cenas. Tiene cinco puestos y sobrevive porque uno le paga en moneda fuerte. Una colega ha visto a su padre marchitarse. Del próspero profesional a un mantenido. El alma quebrada.

No es una exageración. En Venezuela la moneda perdió su valor a tal punto que cuesta más cobrar que lo que se recoge. Nadie paga el metro, ni el agua, ni el gas, y de vez en cuando llega un recibo de la luz. La gente con carro tanquea gratis y le deja 50 bolívares de propina al gasolinero.

Es una tragedia. Según un controvertido artículo de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs de abril, entre 2017 y 2018 hubo 40.000 muertes adicionales por la falta de medicinas y de alimentos. Más víctimas que las que dejó el peor año de la guerra colombiana. El documento sostiene que los bloqueos y castigos impuestos a Venezuela por el gobierno de Estados Unidos desde agosto de 2017 violan varias normas internacionales de derechos humanos, redujeron las ventas de petróleo al mínimo, impidieron renegociar la deuda de la petrolera estatal o vender activos para hacer frente a la crisis. Las sanciones, sin embargo, no golpean al Gobierno, sino a los más vulnerables, concluyen.

Un grupo de economistas de Harvard los refuta. Dicen que desde antes de las sanciones estadounidenses ya a Venezuela le resultaba prohibitivo acceder al crédito internacional; la producción petrolera iba en caída libre en el primer semestre de 2017 en 242.000 barriles diarios. La importación de alimentos cayó en 71 % en 2016 y la de medicinas y equipos médicos disminuyó en 68 % entre 2013 y 2016.

La discusión es en cierto modo banal. La economía no permite vivir. Ni la política interna ni la internacional encuentran salidas. A los venezolanos les queda resistir; protestar, a riesgo de ganarse una marca roja en la puerta y perder la mísera caja de alimentos gratuita del régimen; denunciar a sabiendas de que les espera la cárcel. O les queda irse, caminar hasta encontrar alguna manera de ganarse la vida.

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2019-05-28T00:00:56-05:00

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2019-05-28T00:15:01-05:00

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