Por: José Roberto Acosta

Una salud enferma

Poco o nada está haciendo el Gobierno para enderezar el progresivo deterioro del sistema público de salud. En su proyecto de ley del Plan de Desarrollo, en lugar de atacar la endémica corrupción, pareciera solo interesarse en tapar con nuestros impuestos el hueco financiero originado en el robo sistemático. Una transfusión de sangre, pero sin cerrar la hemorragia.

Propone en su artículo 127 que la nación se haga cargo de los billonarios recobros o servicios NO POS, pero nada hace para controlar la contratación directa entre las EPS y sus IPS vinculadas que, mediante la integración vertical, siguen desangrando el sistema. Debería incluirse la obligatoridad de respetar precios de referencia, basados en el precio medio por evento nacional, ya conocido públicamente, para que no se sobrefacture a costos superiores a los pagados en París o Tokio.

Ordena en el artículo 55 tener la autorización de la Superintendencia de Salud para la venta de participaciones accionarias en una EPS, desconociendo la complacencia y hasta complicidad de ese ente de control con la corrupción y que otras superintendencias, como la de Sociedades, han tenido que corregir. Además, se debería exigir un paz y salvo para que el vendedor no termine engañando a sus trabajadores y proveedores quedándose con el pasivo insoluto y solo vendiendo el activo, como sucedió entre Cafesalud y Medimás.

Propone desde el artículo 133 una ley de punto final para saldar deudas con hospitales y clínicas por cuenta del erario, mediante la maniobra financiera de titularizar facturas, similar a la de los Bonos Agua de Carrasquilla, pero sin garantizar la no repetición de conductas delictivas como la sucedida en la intervención de Saludcoop, en cabeza de Guillermo Grosso, más lo que manejaba Eva Carrascal desde la propia Supersalud, al controlar el modus operandi en liquidaciones e intervenciones en las que cobraban millonarios sobornos.

Los actuales escritos de acusación de la Fiscalía contra Grosso y Carrascal son apenas la punta del iceberg de un entramado que aún continúa con otras fichas libres en un amplio concierto para delinquir y al que se suman denuncias más graves ante la Fiscalía 34 desde el año 2015 y los hallazgos fiscales de la Contraloría General por más de $269.808 millones. Ojalá la Fiscalía no se quede en el show mediático.

@jrobertoacosta1 [email protected]

 

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