Unidad Nacional de Desprotección

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Parece existir una campaña sistemática por parte de algunos funcionarios del Gobierno para desacreditar, en algunos casos con mentiras, el proceso de paz con los guerrilleros de las Farc.

Uno de esos esfuerzos ha venido del encargado de proteger la vida de los excombatientes, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez.

Vamos por partes.

El pasado 20 de septiembre el periódico El Tiempo publicó una entrevista con Campo Martínez titulada “El 63 % de funcionarios de la UNP son ex-Farc”. La entrevista está llena de respuestas imprecisas y falsedades que es importante no dejar pasar por alto.

Se afirma, por ejemplo, que en este año solamente se han invertido $85.000 millones en la protección de los excombatientes desmovilizados y que la planta de la UNP es de 2.044 funcionarios, de los cuales 1.305 son del partido FARC, es decir, un 63 %, aproximadamente.

Todas sus respuestas tienen un tufillo punzante como para plantear que la UNP fue tomada por los ex-Farc, no solo en su funcionamiento y personas a proteger, sino también en su presupuesto.

Pero no es cierto.

Gracias a un derecho de petición respondido de forma oficial a esta columna por la propia Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección, se pudo constatar que varias de las declaraciones y cifras del director Campo Martínez resultaron ser falsas. Así como se oye.

La Secretaría General de esa entidad informó que durante el 2019 el presupuesto total de la UNP fue de algo más de $975.000 millones. Un dinero importante. De eso, menos del 10 % se gasta en nómina de funcionarios, ya que la planta global para el año 2019 tuvo un costo de casi $87.000 millones de pesos, o $86.842’599.593,08 para ser exactos.

Fuera de eso, se gasta la cifra de $22.000 millones en contratistas que prestan el mismo servicio, para un total de más o menos $108.000 millones. Ese dinero se invierte en la totalidad de protegidos, incluyendo a los funcionarios del Gobierno, las cortes y el Congreso, que son la mayoría de personas que reciben protección y esquemas de seguridad.

Es decir que cuando el señor Campo Martínez arrojó en la entrevista, muy tieso y muy majo, la cifra de $85.000 millones invertidos en la protección de los excombatientes desmovilizados, la estaba confundiendo con la cifra del total de la nómina de funcionarios de la UNP.

Un detallito.

La Secretaría General de la UNP certificó, además, que no tiene manera de determinar qué porcentaje de los $975.000 millones de presupuesto anual se destina a la protección de los excombatientes.

Y, peor aún, que, del total del personal de planta y contratistas, la protección de excombatientes de las Farc es realizada únicamente por personal de planta y estaría “alrededor del 36,7%, sobre la base de un total de 3.233 funcionarios”.

Repitamos: 36 %, no 63 % como dijo en la entrevista. ¿Una confusión de discalculia o dislexia de los números?

De esos, según la Subdirección de Talento Humano de la Unidad, se puede determinar que el número total de funcionarios de planta adscritos al Programa Especializado de Protección son 1.269, de los cuales 1.189 figuran como agentes escoltas, lo cual confirma que el pomposo mensaje que Campo Martínez lanzó para que se convirtiera en titular de la entrevista es una falsedad.

¿Cuál es el interés del Gobierno en lanzar estos mensajes que caen mal dentro de la sociedad y desacreditar el sistema de protección de los desmovilizados de la guerrilla?

No es claro, pero es algo que los funcionarios tenían que responder ante la JEP el pasado 25 de noviembre y explicar qué están haciendo para evitar el asesinato masivo de excombatientes de las Farc que le cumplieron a la paz, pero que están siendo desprotegidos y asesinados.

Y estigmatizados, como se demuestra con esa entrevista.

Una cosa es clara: ahora que se cumplieron cuatro años del Acuerdo de Paz, que arrojó unos compromisos con los desmovilizados de las Farc de reincorporación y apoyo en garantías sociales, económicas y la oportunidad de construir un nuevo proyecto de vida, a la fecha ese proyecto parece ser todo lo contrario. Desde que se firmó el Acuerdo han asesinado a 249 excombatientes y la cifra va en aumento todos los días. Esperemos que al Gobierno no le siga dando dislexia con esos números que sin duda importan.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

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