Universidades públicas en Colombia: entre el desfinanciamiento y la corrupción

Carlos H. Florez Gongora*

El ruidoso y anticipado  anuncio de un paro nacional universitario para el próximo 10 de octubre por la crisis estructural de financiamiento de las 32 universidades públicas en el país, pone de manifiesto de nuevo ante la opinión pública nacional las serias y persistentes carencias  históricas sobre las políticas del  gasto educativo en Colombia.

A pesar de que en un primer acercamiento sobre este fenomeno, se reconocería que el desfinanciamiento  que padece la universidad  pública colombiana tiene un drástico impacto negativo sobre la tasa de matrícula y el acceso a la educación superior para los sectores más vulnerables de la población, y dilata al mismo tiempo las posibilidades de adopción de procesos institucionales y sistematicos en la investigación cientifica y tecnológica, una segunda y cuidadosa  observación sobre el deficit histórico de inversión, nos coloca a las puertas de la corrupción administrativa y la carencia de un manejo  ético de los recursos públicos.

De modo que, en aras de la transparencia politica,  valdría la pena  realizar un esfuerzo de interpretación para esclarecer los factores que originan el deficit de la universidad pública en Colombia y en esa medida, contar con diagnósticos más rigurosos para superar el problema. 

Es importante precisar, que en términos generales, el aumento de los gastos del sistema universitario obedeció a la aplicación del Decreto 1279 de 2002 y  la Ley 1607 de 2012 que establece el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), pero que elimina los recursos adicionales creados entre 2011 y 2013. De acuerdo con el investigador Gerardo Mejía Alfaro,  profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, mediante el artículo 18 de la Ley 1739 de 2014 y el artículo 136 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo) se aumentó el aporte de 0,4 a 0,6 puntos del CREE con el fin de financiar las instituciones públicas de educación superior.

De este modo, el incremento de 0,2 puntos finalizó en las cuentas de las universidades privadas, dado que el 50 por ciento de los recursos públicos para la educación superior, fueron transferidos para la financiación del programa “Ser Pilo Paga” que benefició a 40.000  bachilleres  de Sisbén 1 y 2,  una tasa muy por debajo de los 650.000 que atiende la universidad pública.  A la fecha, el déficit acumulado bordea los 15 billones de pesos en infraestructura y 3,2 billones de pesos para funcionamiento.

Pero esto no es todo. En el 2018, Colombia destinará para programas de  investigación y desarrollo, 2,2 billones, es decir,  0,25 por ciento del PIB. Ambas cifras demuestran la continuación de una tendencia negativa que se ha mantenido en los últimos años. (Presupuesto de inversión en ciencia)

La  lógica de los  datos citados nos  indica que,  en lo referente a los aspectos misionales de las universidades,  están muy  lejos de cumplirse, lo que genera el ejercicio de una educacion profesionalizante  que impide  la construcción  de un importante volumen de conocimiento científico, que al mismo tiempo pueda traducirse en desarrollos tecnológicos y aporten de manera significativa a la creación  de la riqueza económica de Colombia y al  crecimiento de nuestro producto bruto interno.

Pero si deseamos una comprensión más global de los problemas internos de la universidades públicas, debemos también de considerar que al lado del  déficit financiero, coexisten  las alianzas perversas entre caciques políticos y  rectores de estos centros educativos, que han creado  arraigados y nefastos sistemas de  redes de clientelismo, tráfico de influencias y  defraudaciones al patrimonio público.  

Lo que sorprende, es que estas prácticas irregulares no se hayan contrarrestado con los mecanismos de contrapesos  legales que tienen a sus disposción los organismos nacionales de control y vigilancia,  agudizando  los indicadores negativos sobre la asignación de los recursos disponibles en la agenda de gastos, el desarrollo integral de las entidades, la credibilidad y legitimidad de las mismas, así como  la ética pública.   

El profesor Carlos Yepes Ocampo de la Universidad de Caldas, ha reflexionado sobre  el funcionamiento de este entramado de prácticas y de beneficios ilegales, así como de delitos administrativos institucionalizados al interior de las universidades y considera que  ellas han creado verdaderos aparatos de control y dominación en estas instituciones. “Las alianzas efectuadas entre los integrantes del gobierno central y regional (léase representante del Ministerio de Educación, representante de la Presidencia de la República, y Gobernador o su delegado) con los representantes de Gremios o sector productivo (generalmente adeptos a las directrices gubernamentales especialmente en los niveles territoriales-regionales), Ex Rectores (que regularmente se pliegan al continuismo de sus prácticas de administración que igualmente fueron respaldadas en lo fundamental por los gobiernos de turno) y en muchas oportunidades con el favor de los representantes de las directivas académicas (que de costumbre se encarnan en un Decano o en otro miembro de la comunidad universitaria que depende o se constituye en subalterno directo del Rector), producen un escenario de dirección universitaria altamente desequilibrado cuando de legitimidad se trata”. (La gobernabilidad de las universidades estatales en Colombia).

Por eso no resulta extraño, el ejemplo de decisiones por parte de estos establecimientos que rayan en el exabrupto administrativo y la persecución política, como la cancelación del contrato  laboral de más de 100 profesores de cátedra para el segundo semestre de 2018 en la sede central de Cucuta de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).

Una decisión que afecta el 15 por ciento de los  700 docentes que laboran bajo esa modalidad en este centro educativo, y cuyos contratos no fueron renovados por razones estrictamente políticas.

Otro de los riesgos de corrupción que ha deteriorado la gobernabilidad de las universdades públicas y afectado el normal funcionamiento de la actividad académica, han sido los intentos de control paramilitar en las universidades  de Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Atlántico,  y la Universidad Industrial de Santander, en donde el paramilitarismo ha intentado imponer el nombramiento de las directivas académicas.  “En todas esas universidades hemos encontrado un patrón donde hubo persecución y violencia contra líderes estudiantiles, profesores y trabajadores de la universidad y posteriormente la toma de control de la Rectoría y la imposición de programas académicos y de carácter administrativo y como resultado de eso, la imposición de políticas que convierte a universidades públicas en empresas”, señaló  Iván Cepeda,  senador del Polo Democrático en un debate de control político en el Congreso en el 2014. (Seis universidades bajo el control paramilitar).

Además, una serie de conflictos entre directivas y la comunidad universitaria, ha deteriorado el clima de convivencia institucional en las universidades  del Tolima, Universidad Pedagógica y Tecnologica de Colombia (UPTC),  Pacifico y Pamplona, entre otras, en donde las denuncias desde hace varios años  de profesores y estudiantes por la falta  de planeación, el crecimiento burocrático,  la malversación de recursos, la falsedad en  notas, títulos falsos de egresados y docentes, ventas de cupos para ingresar a cursar carreras universitarias, irregularidades en los procesos de designación de rectores, actuaciones irregulares de los Consejos Superior Universitario, contratación de servicios y obras  mediadas por cuotas burocráticas, han colocado a estos centros educativos en serios problemas financieros, administrativos y académicos.

El Estado colombiano en cabeza del nuevo gobierno,  tiene desde la perspectiva de su agenda anticorrupción, un reto inmenso frente a la universidad pública.  No solo para salvarla desde el punto de vista financiero y  permitir el cumplimiento de  su rol misional,  estimulando  la  movilidad  social en aras de la construcción de una sociedad civilizada e igualitaria, sino que también tiene la responsabilidad histórica de rescatarla  de la corrupción interna, la desidia administrativa, la violencia y los gobiernos autoritarios que se han erigido  en estructuras decadentes que erosionan su imprescindible papel crítico y cientifico, su compromiso social, así como la formación intelectual y ética que la universidad aporta a sus miembros.  

De no hacerlo con urgencia, la crisis de la educación superior  en Colombia, sería el preámbulo más revelador de nuestro atraso histórico en la construcción de los valores educativos, culturales, sociales y de las condiciones institucionales y económicas apropiadas para la creación de un sistema nacional de ciencia y tecnología, bajo el liderazgo transparente de las universidades públicas del país.

* Profesor Asociado Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)-Cúcuta, Facultad de Ingenierías.