Uribismo: estrategia política vs. justicia

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Por azar o porque el mensaje en WhatsApp fue distribuido de forma tan profusa que llegó a los teléfonos de quienes Álvaro Uribe y el partido de su propiedad ven como los demonios del séptimo círculo del infierno, supe de la convocatoria que Luis Guillermo Plata, gerente para la atención integral de la pandemia, hizo, el jueves pasado a “nuestros compañeros de Gobierno” para asistir a una cita virtual, al día siguiente, con el apoderado del expresidente con el fin de “sobretodo (sic) ayudarnos a pensar en cómo podemos apoyar efectivamente al Presidente Uribe (sic) en estos momentos”. El doctor Plata, funcionario público cobijado como todos los empleados de la Casa de Nariño y del Ejecutivo por la norma restrictiva de activismo político que cobija a los servidores del Estado, explicó que “la Dra. Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático… se ha ofrecido a organizar una charla mañana viernes 7 de agosto, a las 5pm (sic) con el Dr. Jaime Granados para que él nos presente su análisis jurídico de la situación del Presidente Uribe” (sic). Obviamente, lo que interesaba a la audiencia de Plata y de la señora “administradora” del partido del procesado —según ella se autodenomina— no era conocer los detalles del expediente del encartado pues para esa labor están los especialistas: Granados y otros abogados, unos más presentables que Cadena y algunos del nivel de este, que siguen trabajando en la sombra para la causa Uribe mientras los cobijan con sus propias medidas de aseguramiento. La masa uribista requiere que le den línea para que, una vez enterada de “lo que en verdad está sucediendo”, sepan qué hacer para “apoyar efectivamente” al senador. Por eso, Plata apeló a los centenares de destinatarios oficiales haciendo caso omiso de las investigaciones disciplinarias que les podrían iniciar: “Como no tengo los contactos de muchos de nuestros compañeros de Gobierno, les agradecería si les pueden reenviar este mensaje”. Antes de terminar, dio la impresión de que la cita no era del todo voluntaria: “Espero verlos virtualmente mañana”.

Coincide la petición-exigencia del gerente de los recursos de la pandemia (¿?) con una versión que se filtró, hace unos días, a través del despacho de María Paula Correa, la funcionaria del rimbombante puesto titulado “jefe de Gabinete de la Presidencia de la República de Colombia”. De acuerdo con el rumor que, cierto o no, atemorizó a ministros, directores y miembros de juntas directivas, Correa estaría vigilando desde su computador las cuentas de personas con cargos significativos en la administración Duque para revisar quiénes son solidarios con el detenido y quiénes parecen indiferentes. ¿Con qué objeto? Probablemente con el de iniciar una purga política de los que no participen en el linchamiento a la Corte o de elaborar una lista de premiados entre los más furibundos atacantes de los jueces. Se reeditarán, entonces, los tiempos en que una bandola que precedió a Correa y a Duque en la Casa de Nariño hace poco más de una década introdujo por sus sótanos oficiales a alias Job, enviado del jefe de los sicarios de La Terraza, alias Don Berna, para reunirse con el secretario jurídico de Uribe, Edmundo del Castillo, y con su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez (“el curita”, como lo llamaba Job).

La tenebrosa cita se concertó para concretar un plan de desprestigio contra la Corte Suprema de entonces, porque, ¡ay, similitudes!, sus magistrados investigaban a aliados del jefe de Estado, entre estos, a Mario Uribe, su primo, que pagó su condena de siete años y medio de prisión porque se le probó, en juicio, concierto para delinquir pese a los montajes de descrédito que desplegaron contra los togados de la época. Volviendo al presente de pasado uribista, los notables de extrema derecha, bien sean servidores oficiales o columnistas cooptados, están siguiendo el libreto de una estrategia política que no pretende controvertir la providencia repleta de graves indicios de responsabilidad penal del imputado, sino que lleva a “poner berraca” a la gente contra la Corte actual, así: 1. Mencionar siempre al “narcotraficante” Santrich y su libertad, y compararlos con la detención domiciliaria del que “siempre ha enfrentado los llamados de la justicia”. 2. Hablar de “la felicidad de la izquierda armada” y de su asociada, la izquierda sin armar. 3. Resaltar las bondades de la “Seguridad Democrática” y de su creador. 4. Comparar a “los guerrilleros de las Farc asesinas que están sentados en el Congreso con la suerte del hombre que salvó al país”. Nada tienen que ver esas consignas prefabricadas con el soborno a los testigos y el intento de desviar la justicia, conductas por las que será juzgado Álvaro Uribe. Pero sirven para engañar a Colombia, otra vez.

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