Valiosa gestión de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad, creada por el Decreto Ley 588 de 2017, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, ha decidido dar particular importancia a cuatro criterios para el desarrollo de su mandato: el territorial, el étnico, el de género y el de participación. Ellos sobresalen en el informe de gestión publicado sobre sus primeros seis meses de actividades, entre el 28 de noviembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019.

El criterio territorial está presente en los diez temas de investigación que la Comisión ha definido para conocer lo que sucedió, tales como democracia y conflicto armado, papel del Estado y sus responsabilidades, o despojo de tierras y desplazamiento forzado. Para ello dividió el país en diez macroterritorios, desde la región Caribe e insular hasta la Amazonia, incluyendo a las y los colombianos en el exilio como un segmento territorial. La importancia atribuida al territorio es en buena medida producto de 18 encuentros regionales organizados por la Comisión, con 831 participantes, la mayoría víctimas, en 143 municipios. Consistente con este criterio, la Comisión ha creado 19 casas de la verdad fuera de Bogotá.

La Comisión también organizó, para reconocer a las víctimas y a los responsables, un espacio de consulta previa con las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, que después de varias reuniones se protocolizó en diciembre de 2018. Con pueblos indígenas también, y los acuerdos se protocolizaron en enero de 2019. Y con el pueblo rrom, en abril de 2019.

En materia de género, programó la campaña “Mi cuerpo dice la verdad”, sobre mujeres y personas LGBTI víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, que se desarrolló en 26 talleres y uno final en junio de 2019 en Cartagena. Además firmó con la Universidad de Bristol un acuerdo de apoyo a sus investigaciones en materia de género. Ha recibido también la colaboración de la Ruta Pacífica de las Mujeres para recoger el testimonio de 2.000 mujeres víctimas en nueve regiones del país. Y de la Fundación Yapawayra, para interlocución con mujeres y población LGBTI en el Tolima.

Sobre reconocimiento de responsabilidad, no repetición y contribución a la convivencia futura, la Comisión ha realizado tres reuniones con el sector empresarial y medios de comunicación, siete encuentros con miembros de la fuerza pública, cuatro con exguerrilleros de las Farc y un encuentro nacional con exparamilitares. Ha logrado tejer una red de expertos que la rodea en todo el mundo y ha promovido debates públicos orientados a la construcción de consensos y generación de recomendaciones, con énfasis en procesos de transformación institucional y cultural.

Todo esto y mucho más se ha llevado a cabo con un presupuesto para el presente año de $81.480 millones, que fue recortado en 40 % sobre el que había sido calculado. Ahora el Gobierno ha anunciado que para 2020 habrá un recorte adicional de 30 %, tanto para la Comisión como para la JEP y para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sería irresponsable con el país y con el Consejo de Seguridad, que nos acaba de visitar, poner en riesgo una labor tan necesaria para la paz y tan acertada como la que están llevando a cabo la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).