Veedurías ciudadanas anticorrupción

Las veedurías ciudadanas para frenar la corrupción, propuesta hace unos días por esta columna, inicialmente tienen acogida por el Contralor Edgardo Maya y varias organizaciones. 

Los ciudadanos de bien tenemos que hacer algo, puesto que la corrupción en todas sus modalidades está afectando el progreso de nuestras regiones y las obras de infraestructura que se programan para desarrollarlas con las regalías que por ley les corresponden a los departamentos y municipios, finalmente no pasan de ser obras inconclusas o elefantes blancos, puesto que los presupuestos asignados por lo regular van a parar a los bolsillos de delincuentes de cuello blanco incrustados en el gobierno y contratistas inescrupulosos.  

En estos días previos a los inicios de la etapa posconflicto, las cámaras de comercio empiezan a atiborrarse de: asociaciones, fundaciones, cooperativas y toda una gama de organizaciones: O.N.G, nacionales e internacionales, aparentemente sin ánimo de lucro, pero que uno de sus fines primordiales es apropiarse de los dineros que serán destinados a la etapa posconflicto: proyectos productivos para la población reinsertada y de diversificación de cultivos ilícitos.

Si tenemos en cuenta que solo para los programas de la población reinsertada, de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, hay disponibles varios billones de pesos, los cuales no dejan de estar en el ojo de muchas las organizaciones piratas y fantasmas, que se constituyen a última hora para presentarse como proponentes, sin que medie ninguna experiencia en este campo; es apenas lógico se adopten medidas para evitar que estos recursos para tan nobles propósitos, se esfumen por los despeñaderos de la corrupción.     

No olvidemos que sobre este particular existe, antecedentes bastante vergonzosos y desagradables, cuando el proceso de paz en el Caguán; fueron muchos los dineros que aportaron los gobiernos extranjeros y entidades filantrópicas, pero que finalmente se esquilmaron en manos de organizaciones fantasmas, sin que a la fecha se tenga  conocimiento de su paradero.

Como lo hemos dicho tantas veces, no es exagerado proponer a los tres entes de control: Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, que permitan la constitución de las veedurías ciudadanas, para vigilar la inversión de los recursos públicos,  siempre y cuando tengan reconocimiento oficial y sus gestiones o denuncias, no pasen de ser un saludo a la bandera.

En varias oportunidades nos hemos pronunciado por esta columna, sobre la urgente necesidad de constituirlas, las cuales deben estar conformadas por ciudadanos probos y honestos, alejados de las contiendas políticas, para que presten un servicio cívico, cuya misión primordial sería la de supervigilar los dineros que ingresen a las arcas regionales y municipales, para generar proyectos productivos de desarrollo y programas de diversificación de cultivos ilícitos en la etapa posconflicto.

Entiendo que el señor contralor Edgardo Maya, es partidario de este iniciativa, puesto que como lo hemos dicho, las contralorías: Nacional, departamentales y municipales, no han sido eficaces para acabar con los nichos de corrupción que se generan en municipios y departamentos, puesto que los tentáculos de la corrupción son tan sofisticados y de tal magnitud, que se hace urgente la colaboración ciudadana en todas sus modalidades.   

Para que las veedurías ciudadanas puedan operar y sus decisiones tengan eco ante los organismos de control, se requiere que el gobierno central a través del Congreso de la República les entregue herramientas eficaces para que puedan cumplir con sus funciones de vigilancia y control, que después de las denuncias mediante procesos abreviados se pueda dar con los responsables y ponerlos a buen recaudo de las autoridades.

Considero que para que estas organizaciones de ciudadanos de buena voluntad, funcionen en forma oficial, se requeriría también la adopción de un modelo de estatutos y se aplique el derecho a la libre asociación consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política, puesto que esta sería una forma de participación ciudadana.

Son muchas las fundaciones y asociaciones, que aunque no lo dicen en forma específica sus estatutos, si podrían en razón de su misión, visión y reforma estatutaria, ejercer esta actividad de forma controlada, haciendo seguimiento a las obras que se estén desarrollando en estos momentos. 

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