Por: José Roberto Acosta

Victimarios de cuello blanco

Dos negocios de interés público serán resueltos por jueces privados en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá: la liquidación anticipada del contrato Ruta del Sol y la reversión de la venta de activos de Cafesalud a Medimás. ¿A que hora los privados se tomaron esa atribución que es de los tribunales públicos administrativos?

En el primer caso el Grupo Aval se declaró víctima de su socio Odebrecht, en febrero de 2017; pero con la Resolución 67837, del pasado 13 de septiembre, la Superintendencia de Industria y Comercio se imputaron cargos a los mas altos directivos del Grupo Aval por aprovechamiento de conflictos de intereses y conocimiento de los sobornos de la Concesionaria Ruta del Sol II de la que hacen parte.

El Grupo Aval y los corruptos de Odebrecht piden al tribunal privado que el Estado les pague $2 billones para cancelar deudas del Consorcio Ruta del Sol con los bancos, entre los que se encuentran entidades del propio Grupo Aval con acreencias por $1 billón. Piden también $1,7 billones por lo invertido en los avances de obra y compras de predios, incluyendo un exceso de $0,4 billones que Luis Fernando Andrade les negó cuando era director de la ANI.

Por el lado del sector salud, se anunció que se convocaría un Tribunal de Arbitramento para revocar el negocio con Medimás. De inmediato sus directivos se declararon víctimas y con matoneo mediático amenazaron con demandas contra quienes, según ellos, los engañaron: el Estado.

Medimás pagó, con recursos provenientes de lo público, $12.000 millones a sus asesores privados, los banqueros de inversión Lazard, quienes conocieron en detalle toda la información disponible del cuarto de datos para los interesados en ese negocio. Aparecen también, respaldando la supuesta trasparencia del negocio, los reconocidos asesores Posse Herrera Abogados y PriceWaterhouseCoopers, desvirtuando de plano la calidad de víctimas de Medimás y dejando claro que son victimarios, por cuenta de su probado incumplimiento en el pago de las cuotas pactadas en contrato de compraventa y en el servicio a sus usuarios.

El Gobierno acaba de nombrar a Luigi Echeverry como su representante en la Cámara de Comercio de Bogotá y a Camilo Gómez, ex representante legal de Mossack Fonseca, como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Curioso, ¿no?

@jrobertoacosta1 [email protected]

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2018-10-12T21:00:07-05:00

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