¿Viene volteo de tierras para Bogotá con el POT?

Aurelio Suárez
11 de septiembre de 2018 - 11:00 a. m.

El profesor Óscar Alfonso dice que la intervención estatal en la zona metropolitana de Bogotá estuvo “mediada por gremios, que buscan desgravaciones tributarias” y por “la adecuación de la regulación urbanística”, entre otras razones. Así explica el volteo de suelo rural a urbano en 20 municipios cercanos a la capital en los últimos años, con episodios como los de El Rosal, con autoridades imputadas por concusión, o la zona franca de los Uribe Moreno en Mosquera, salpicada con cuestionadas actuaciones del respectivo alcalde y denunciadas por los senadores Robledo y Galán.

Gracias a los datos recopilados por la politóloga Liliana Castañeda y fuentes diversas, podría afirmarse que se han “volteado” casi 1.500 hectáreas y construido 90.000 viviendas (69 % de estrato dos y tres), mediante proyectos que superan los diez millones de metros cuadrados, con notoria presencia de firmas como Amarilo, Oikos, Marval, Prodesa, Urbanza y MS+GMP, así como Aval, Grupo Bolívar y Bancolombia.

El área promedio de cada unidad es de 60 m², aunque también hay lujosos condominios. El valor inicial por m² en las viviendas no VIS alcanza los $3,5 millones y en las VIS, $1,7 millones. Así mismo, para otros usos, se hicieron centros comerciales, torres de oficinas, clínicas, universidades, bodegas e industrias, en especial en Funza, Mosquera, Madrid, Tocancipá y Cota, que suman 3,5 millones de m².

El instrumento son modificaciones irregulares del POT hechas por los concejos, sin disponibilidad de servicios públicos ni acceso a vías. Por ejemplo, en Chía se autorizaron elevadas torres (hace poco se incorporaron 290 hectáreas) o Ciudad Verde, en Soacha, macroproyecto aprobado según el Plan de Desarrollo de Uribe II, sin participación del municipio y con sentidas carencias para sus pobladores. También La Calera, donde predios menores multiplicaron su valor por diez; Tocancipá, donde se habla de un POT “a la medida” y hasta con aeropuerto; en Madrid, donde se construyeron 500 apartamentos sobre un terreno enredado legalmente; en Funza hay 170 mil metros cuadrados para bodegas aprobados con vicios, en Cota se urbaniza sin agua suficiente y en Mosquera un exalcalde cuadruplicó el precio de un lote de su esposa.

La Fiscalía habla de 31 casos similares de poderosos políticos convertidos en un clan controlador que rota cargos locales con puestos en la CAR o la Contraloría, que ronda a la Gobernación de Cundinamarca y hasta ha manchado al gobernador Jorge Rey. Todo se montó con incentivos tributarios y la teoría de la “saturación” de Bogotá, la misma por la cual en ese tiempo se triplicó el precio del suelo capitalino pero que, según Óscar Alfonso, no es cierta, por cuanto la relación entre el área desarrollada y el área total urbana está en 0,75, lejos del límite internacional de 0,875.

El alcalde Peñalosa vive sobreestimando la población para 2050 y, en consecuencia, echa carreta sobre un millón de viviendas necesarias para validar proyectos como Lagos de Torca o los que en conjunto incorporarían 3.631 hectáreas, de las cuales 1.400 son de la Van der Hammen. Detrás de escena el ganador será el mismo que en la Sabana: el complejo inmobiliario-financiero, que especula con el suelo y obtiene plusvalías, en tanto crecen los índices de edificabilidad multiplicando hasta por 2,5 veces los valores iniciales del suelo. ¿Viene un masivo volteo de tierras en Bogotá con el POT? Por lo enunciado, así parece.

 

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