Vigilancia, seguridad y justicia

Han sido frecuentes las controversias entre los gobiernos nacional y distrital, en torno a decisiones y opiniones de la alcaldesa Claudia López que contrarían opiniones, decisiones o instrucciones del presidente Iván Duque. Más allá de esas diferencias, parto de un supuesto inamovible: quienes vivimos en Bogotá necesitamos que ambos acierten. De eso depende el bienestar general.

En materias como las referidas al título de la presente columna, las contradicciones entre los dos funcionarios son reiteradas y se están volviendo parte del paisaje espiritual de un país intolerante, donde nadie quiere entender que el otro tiene algo de razón. La intransigencia parece ser mayor en la cúpula, es decir, en los sectores más altos de la pirámide social. Desde allí se da el peor ejemplo de concordia.

En pasados días la alcaldesa formuló alguna crítica a las fuerzas de policía y, a nombre del Gobierno nacional, el director del Dapre le respondió recordándole que los enemigos son los delincuentes y no los miembros de la Policía. Semejante respuesta no solo es innecesariamente provocadora, también es visceral y, por lo mismo, no se compadece con las responsabilidades que un funcionario tiene con la comunidad.

Vale la pena refrescar algunas cosas: la labor fundamental de la policía es la vigilancia, pero un director nacional de la Policía que ejerció su cargo a finales del siglo pasado reformó la institución y suprimió esa función básica. Hasta donde entiendo, aquel director funge aún de asesor de la Dirección de la Policía y, al parecer, ejerce un mando paralelo. Eso suena un poco a república bananera.

El asesor cambió el nombre de agente de policía por el de patrullero y el de sargento por comisario. No sé hasta dónde tengan sentido esos cambios de nombre, pero al menos el segundo corresponde más al lenguaje policial que al militar. Eso suena bien. Pero se cuidó de dejar todo intacto en la cúpula, lo cual no necesariamente suena bien. Me temo que, en la Policía, grados como el de general resultan innecesarios.

La seguridad es un concepto integral, vinculado tanto con la función de policía como con la administración de justicia. Sin embargo, los alcaldes no tienen mayor incidencia en la gestión de ninguna de las dos competencias. Como suelo repetirlo, los alcaldes son jefes de policía, pero no de la Policía, y como esta es nacional, depende del Gobierno central y no de los gobiernos territoriales.

Pasa igual con la administración de justicia. Por lo tanto, no se les puede pedir a los alcaldes responsabilidad alguna sobre seguridad y justicia, sabiendo que carecen de las facultades para estudiar y decidir sobre esas materias. El asunto no es de poca monta: tiene que ver tanto con la gobernabilidad como con la confianza ciudadana.

Los gobernantes no están para polarizar la sociedad sino para gestionar la convivencia. Su oficio no es tanto buscar responsables como buscar soluciones. En un país complejo, plural, contradictorio, como este, deben dar ejemplo de diálogo abierto, de reflexión constructiva, de deliberación para el consenso. Eso es clave y, por supuesto, no es mucho pedir.

@inefable1

* Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.