Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Violencia oscura

La violencia en Medellín sufre extrañas paradojas. El promedio de homicidios de los últimos ocho años suma algo más del 10 % del promedio de muertes violentas en los años macabros de la década del 90, cuando murieron más de 45.000 personas asesinadas en la ciudad. Sin embargo, esa gran disminución de la violencia no ha servido para hacerla más comprensible, menos etérea y difusa, más fácil de combatir. Parece que todo el aprendizaje de los diversos tipos de ilegalidad se hubiera hecho más certero y silencioso, se hubiera repartido geográficamente y alejado de las ideologías, mezclado con las rentas legales y naturalizado en muchos barrios de Medellín. Una indescifrable amalgama, comprimida y gris, que decreta guerras puntuales y pasajeras por el dominio de algunas comunas y corregimientos.

El informe “Medellín, memorias de una guerra urbana”, publicado en 2017 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, hace un recorrido que intenta identificar los principales actores y momentos de una violencia cambiante. Un primer periodo desde mediados de los 60 hasta comienzos de los 80 marcado por los ajustes de contrabandistas y los alardes de sangre de los marimberos. Todo complementado por los organismos de seguridad (B2, F2, DOC, DAS) dedicados a la persecución a líderes de izquierda y organizaciones sociales señaladas de acercarse a las guerrillas. El Estatuto de Seguridad amparó esas matanzas “oficiales”. La llegada del MAS como reacción al M-19 hizo que se ligaran grupos de justicia privada y organismos de seguridad.

Luego, entre el 82 y el 94 vendría la mezcla de todos los males. Auge miliciano en varios sectores de la ciudad y la posterior retoma paramilitar, la consolidación del poder de Escobar (sus sicarios mataron 153 policías en tres años), el surgimiento de todo tipo de grupos de limpieza social, la guerra del Estado en compañía de otros narcos para vencer a Escobar. Más de 80 carros bomba estallaron en la ciudad en una década. Las mezclas fueron tan bizarras que en algunos barrios los milicianos llegaron a proteger policías de los sicarios de Escobar. Una gran confusión en la que sin embargo los grandes actores estaban muy claros.

Desde mediados de los 90 hasta la primera década del siglo XXI todo se comenzó a asentar. Las Convivir le dieron un parapeto de legalidad al control de los paras en el centro de la ciudad, se peleó cuadra a cuadra entre paras y una segunda generación de milicias en los barrios, Castaño y Don Berna asumieron las herencias de Pablo Escobar. Medellín fungió de gran capital paramilitar y la primera desmovilización del proceso con las Auc lo mostró muy claro.

La salida de Don Berna del juego llevó al enfrentamiento entre Sebastián y Valenciano que marcó hace diez años el último gran pico de homicidios. Ahora se habla de 350 bandas en Medellín, de 4.000 jóvenes vinculados a una criminalidad que recoge rentas por extorsión en el 70 % de la ciudad, vigilan los bordes del Valle de Aburrá (este año los corregimientos suman el 20 % de los homicidios), ejercen a la brava de proveedores de productos legales, manejan las plazas e imponen sus reglas, amedrentan y matan cuando aparecen los “desmadres”. Las bandas se han convertido en “contratistas menores” de los grupos armados del orden nacional, las sombras que asoman desde Bello en el norte, Envigado en el sur, y el Bajo Cauca y Urabá un poco más lejos.

El alcalde, Federico Gutiérrez, ha entrado, en lenguaje y terreno, a mover dominios en los barrios, a atacar algunas estructuras consolidadas. Lo reconocen voces en la ilegalidad y parece que completará cuatro años de aumento en homicidios. Caen cabecillas cada vez más agazapados y temporales y se desorganiza el crimen. Algunos en las laderas ruegan porque no les cambien el combo, extrañan la “estabilidad ilegal”, piden que se queden los malos conocidos. Mientras tanto, la Fiscalía tampoco entiende, solo el 15 % de los homicidios terminan en condena.

 

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