Violencia sexual, militares y cadena perpetua

La noticia de que una niña embera en Risaralda fue violada por varios soldados es ya terrible. Pero la cosa es aún más grave, pues supimos que había ocurrido otro caso semejante hace pocos meses en Guaviare contra una niña nukak. Esto muestra que estos comportamientos pueden estar extendidos en nuestra fuerza pública y que son necesarias estrategias más estructurales y de largo plazo para enfrentar eficazmente estas atrocidades, que vayan más allá de la indignación temporal.

La violencia sexual es atroz no solo por los impactos catastróficos en la víctima directa, sino también por sus graves consecuencias en sus familias y comunidades. El Estado y nosotros como sociedad debemos entonces hacer todos los esfuerzos por prevenir y sancionar estos crímenes en todos los ámbitos, especialmente cuando son cometidos por servidores públicos. Pero esos comportamientos no van a ser evitados con incrementos de penas ni con aprovechamientos populistas de la indignación social frente a estos crímenes, como intentó hacerlo el presidente Duque al decir que si le tocaba estrenar la cadena perpetua frente a la violación de la niña embera, lo haría. El presidente olvidó que la cadena perpetua fue autorizada constitucionalmente, pero requiere desarrollo legal, que solo tendrá efectos hacia el futuro, por lo cual es inaplicable a este crimen.

Predominó entonces en el Gobierno el intento de aprovechamiento populista de este crimen. Pero ¿alguien realmente cree que la cadena perpetua hubiera prevenido este crimen? ¿Alguien razonablemente piensa que estos militares decidieron violar a estas niñas porque calcularon que su pena sería de “solo” 30 años (que es la pena que hoy pueden recibir), pero que se hubieran abstenido si ya hubiera cadena perpetua? Creo que nadie.

Aunque no es fácil saber qué llevó a estos militares a cometer esta atrocidad, es probable que fuera una combinación de tres factores: primero, la convicción de que su crimen quedaría impune, por lo cual no importa que la pena fuera ya muy alta, pues nunca serían condenados. Segundo, una cierta naturalización de estos comportamientos, por la persistencia de una cultura patriarcal, conforme a la cual los hombres, en especial aquellos con armas o poder, tienen derecho a usar y abusar de los cuerpos de las mujeres. Un poco como el llamado “derecho de pernada” que daba a los señores feudales la potestad de tener relaciones sexuales con la mujer que quisieran. Esa cultura patriarcal suele ser más intensa en los cuerpos armados, que desarrollan masculinidades guerreras más proclives a esos abusos. Y tercero, una idea extendida de que ciertas atrocidades son aceptables cuando la víctima pertenece a poblaciones discriminadas, como los indígenas. Basta recordar la terrible masacre de La Rubiera, en diciembre de 1967, en que colonos mataron en Arauca a 16 indígenas, incluyendo varios niños, y se defendieron en el juicio argumentando que no sabían que matar indios fuera delito.

Si queremos en realidad combatir eficazmente la violencia sexual en todos los campos, incluyendo en el ámbito militar, debemos entonces enfrentar esos tres factores: i) el Estado debe reducir la impunidad de estos delitos, por medio de mejoras en la investigación y en los mecanismos de denuncia. ii) Todos debemos combatir la cultura patriarcal que naturaliza los abusos contra las mujeres. iii) Todos debemos luchar contra las discriminaciones, que legitiman los abusos contra ciertas poblaciones. Estas estrategias no ganan los aplausos que ansían quienes promueven el populismo punitivo, pero son más eficaces y evitan los problemas que ocasionará en nuestro ordenamiento jurídico la incorporación de la cadena perpetua.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.