MARÍA MERCEDES CUÉLLAR DIJO hace poco que parecía que los colombianos, en especial su gobierno, vivían en la Luna. Que no se habían dado cuenta de lo que se les estaba viniendo encima a causa de la crisis financiera internacional.
Por fortuna, esto ya comenzó a cambiar. El Ministro de Hacienda anunció que estaba dispuesto a recortar el presupuesto del año entrante (fue muy curioso, en cambio, el anuncio del Presidente de que buscaría recursos en el Extremo Oriente y los países árabes).
El ajuste del presupuesto reconocería el hecho de que, a raíz de la crisis de Estados Unidos, la economía colombiana sólo crecería cerca de 3% en 2008 y que, en consecuencia, los ingresos tributarios serían mucho más reducidos que los que se esperaban hace unos pocos meses. Como la financiación de un mayor déficit fiscal le quitaría recursos al sector privado (y haría que se eleven las tasas de interés), no hay más remedio que disminuir los gastos.
Para reducir el gasto público, hay que ir donde está la grasa. Ya no se requieren, por ejemplo, las transferencias que se dieron para aliviar el impacto de la revaluación. Y los subsidios a la gasolina se pueden eliminar definitivamente con una política sostenida de aumento de los precios de los combustibles. La realización de estos y otros recortes, al comienzo de una campaña electoral apalancada en jugosos subsidios, sería una muestra clara de la seriedad del Gobierno.
Hay que reducir también las tasas de interés. Pero sólo cuando el Banco de la República esté convencido de que ya pasó la presión alcista de los precios (algo que se facilitará por la menor demanda agregada y la caída de los precios de algunos commodities). El Emisor, además, debería adoptar una postura monetaria expansionista después de que se conozca el aumento del salario mínimo a fin de año (si el Gobierno adopta una actitud populista en esta materia, será mucho más difícil reducir las tasas) y de que se produzca el anunciado recorte de gastos.
Se deben eliminar inmediatamente las barreras a la entrada de recursos externos al país: las que obstruyen las inversiones en renta fija y los encajes a los créditos externos (en cualquier caso, no será mucho lo que llegue por este concepto).
En materia de desempleo, Colombia está frente a un grave problema. A pesar de que el PIB creció a una tasa promedio de más del 6% durante tres años, el desempleo se mantuvo por encima de 10%. Y a partir de ahora, la cifra sólo buscará el norte. El segundo gobierno de Uribe podría terminar con tasas de 14% o 15%. La mayoría de los economistas está convencida de que el desbarajuste laboral y la creciente informalidad de la economía se deben a los altos costos que impone la estructura fiscal y parafiscal. Es imperativo buscar una financiación alternativa a los gastos que hoy se realizan con los impuestos parafiscales que gravan los salarios. El Gobierno debería, por lo menos, aceptar que va a estudiar este problema. Es enorme el costo de no hacer nada.
Ya que la inversión extranjera bajará de manera significativa (ésta será una de las causas del menor crecimiento del PIB), va a ser difícil adelantar todos los proyectos de infraestructura que están en marcha. Ante esta realidad, un cuerpo élite del Ministerio de Hacienda y el DNP deberá rediseñar los proyectos para buscar nuevos mecanismos para vincular a la banca multilateral, los fondos de pensiones y otros proveedores de recursos. Sin creatividad en esta materia, el desplome de la inversión podría ser muy significativo.
