Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Notas de buhardilla

Xenofobia oficial

Los colombianos todavía tenemos presentes las imágenes del infame éxodo de miles de compatriotas decretado por el sátrapa de Maduro. En esa oportunidad nos tocó asistir a la humillación mundial de ver a miles de los nuestros expulsados, vilipendiados y perseguidos por la guardia venezolana, dejando la Venezuela que los había acogido y regresando a su terruño humillados y en la más absoluta pobreza. Fue la primera emergencia humanitaria de estos tiempos que el dictadorzuelo Maduro celebró con cinismo. Fue su manera mezquina de pasarle una factura de odio a la oligarquía colombiana, como él la denomina, que fue la única que no sufrió con la diáspora colombiana.

Lo que no nos imaginamos cuando vimos esas escenas de dolor y de impotencia, fue que unos pocos años después la tenebrosa experiencia de perseguir indiscriminadamente a un pueblo la íbamos a protagonizar aquí en Colombia.

Si antes nos indignamos con los atropellos venezolanos, hoy nos conmueven las arbitrariedades de las autoridades colombianas, de las que hace parte el general Atehortúa, el irresponsable y provocador director de la Policía, un sujeto indeseable que enfrenta con sorna el escrutinio de los debates públicos en el Congreso. A los gestos inamistosos de la policía se suman la Cancillería y Migración Colombia, despachos públicos que han montado una tenebrosa máquina de persecución a los venezolanos y que está mostrando los dientes de un régimen que, como el de Duque, ante la incapacidad de gobernar ha optado por administrar la violencia de Estado. Como no pudo convencer, ahora está en la fase de intimidar y someter.

So pretexto de sancionar a los venezolanos que han marchado, e invocando el embuste de que se está atentando contra la seguridad nacional, aquí se está ejecutando el exterminio de todo un pueblo caído en la desgracia. Lo que se ha sabido eriza la piel y avergüenza a cualquiera que aprecie los postulados básicos del Estado de derecho.

Miguel Ángel Calderón Quintero es un caraqueño casado con colombiana y padre de una menor también colombiana, que llegó aquí huyéndole a la represión y al hambre decretado por Maduro y Diosdado Cabello, entre otros “honorables” venezolanos. Todo iba en orden, superando con las uñas las dificultades que ha de padecer quien pisa como exiliado tierra ajena, cuando un buen día, lejos de cualquier movilización ciudadana, Miguel Ángel tomó un video a la calle donde está ubicada la casa del subpresidente Iván Duque, y ¡quién dijo miedo!

En esta democracia no se pueden tomar videos a un mandatario sino cuando sonríe o cuando lo aplauden los empresarios agradecidos con este régimen plutócrata. Mucho menos pueden filmarse las calles aledañas al sitio donde residen los hombres públicos. Es, además, impensable que esa gracia la puedan ejecutar extranjeros, como los venezolanos refugiados en una nación que, en vez de acogerlos, los hostiga y persigue.

A Miguel Ángel le montaron un procedimiento de expulsión o deportación como en las épocas stalinistas, en el que ni su familia colombiana ni sus abogados han podido comunicarse con él, ni acceder a las supuestas graves evidencias de que estaba atentando contra la seguridad nacional, solo porque tomó un video que supuso que aquí podía tomar. Con esa óptica, por ejemplo, nadie podría filmar la Casa Blanca en Washington, lo cual es algo más que estúpido. Lo que es contradictorio es que el mismo día en el que Miguel Ángel tomó el video que lo metió en problemas, millares de ciudadanos realizaron un cacerolazo en esa misma calle, grabando centenares de videos y compartiéndolos en redes sociales. En esa ocasión no se consideró que se afectaba la seguridad nacional, porque quienes filmaban no tenían el inri de ser venezolanos. No le cabe a nadie en la cabeza que, en los albores del tercer milenio, cuando el mundo ha entendido por fin el valor de los derechos humanos, cuando hay además una Corte Penal Internacional, todo un andamiaje oficial se entregue a la orgía de expulsar extranjeros sin permitirles el ejercicio del derecho a la defensa, fracturando sus familias. Ese no es el país hermano que esperaban los venezolanos, pero tampoco puede seguir siendo un verdadero Estado de derecho.

Adenda. Feliz Navidad.

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2019-12-22T00:00:14-05:00

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